Política
Caos e investigación

Un ex intendente salteño, actualmente diputado, fue imputado junto a su esposa

Ramón Díaz es investigado por distintas irregularidades que denunció la Auditoría de la Provincia por mal manejo de fondos públicos.

Las malas noticias para los políticos y funcionarios corruptos parecen no cesar en Salta. Es que, ante la proliferación de aquellas personas que aspiran a ocupar cargos públicos para beneficio propio, para nutrición de sus billeteras o acariciar alguna cuota de poder, también se suma una “nueva” camada de fiscales que se encuentran investigando y tratando de mandar ante la Justicia a aquellos que juegan con la plata de la gente.

A los casos de ex jefes comunales investigados como Sergio “Topo” Ramos o Manuel Cornejo, y a los actuales como Gustavo Solís, Fernando Almeda o Enrique Martínez, se sumó un ex alcalde vallisto que se desempeña como diputado de la Provincia.

El antecesor de Carlitos Ríos en el sillón comandante de Angastaco, Ramón Díaz (no el DT) es investigado por distintas irregularidades que denunció la Auditoría de la Provincia por mal manejo de fondos públicos.

Elegido en al menos cinco oportunidades como jefe comunal de aquel pueblo del Valle Calchaquí, con un total de 18 años al frente del municipio, Ramón Díaz fue imputado en los últimos días junto a su esposa por peculado debido a una denuncia radicada el 6 de junio del 2020 por parte de la Auditoría General en donde mencionaban distintas irregularidades en el manejo de fondos, entre varios delitos.

Desde aquella localidad señalan que la pareja realizó desmanejos con la explotación de la hostería municipal que era administrada desde el mes de diciembre del 2017 por Alicia Ríos, esposa de Díaz, quien además se desempeñaba como secretaria de Acción Social de la comuna, lo que fue apuntado en el informe realizado.

Allí, no se instrumentó un Contrato de Concesión y el responsable de cobranzas, como así también recepcionista, no se encontraba registrado como personal de planta de la Hostería.

Alicia Ríos empleaba una cuenta personal de Mercado Pago para acreditar las cobranzas de tarjetas de crédito correspondientes a reservas efectuadas por los huéspedes mediante la página de Booking”, detalló el informe del Ministerio Público Fiscal en el que señalaron que la investigación de la Unidad de Investigaciones de Delitos Económicos Complejos llevó a obtener pruebas de lo denunciado por la Auditoría.

Obviamente las transferencias a su cuenta de Mercado Pago nunca fueron rendidas de forma concreta a la Municipalidad.

Ahora, tanto ella como Ramón Díaz, quien hoy se desempeña como diputado pero en ese tiempo dejó pasar los desmanejos de su amada, fueron imputados por peculado, uno de los delitos contra la administración pública que prevé prisión de entre dos a diez años y, además, una inhabilitación perpetua total para los funcionarios involucrados ya que se aplica a quien “empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.

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