A pesar del silencio que prefirió luego de destaparse el escándalo, el alcalde se dio un tiempo parar responder a las acusaciones. Claro que no a la sociedad que le pedía explicaciones a su conductor, sino que lo hizo mediante una nota dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante de Güemes, Liliana Santillán, quien hizo lo que cualquier político de bien debería de realizar en casos como este: pidió informes a la Fiscalía Penal de General Güemes, al Juzgado de Violencia Familiar y de Género; y convocó a los ediles para que remitieran una nota para que sea el propio Salvatierra el que convoque a una sesión extraordinaria para que se conforme una comisión que evalúe su caso mientras éste se toma una licencia.

Lejos de hacerse cargo de las acusaciones de su esposa, Salvatierra trató de limpiar su nada limpio nombre y, junto a su asesora legal, acusaron a la edil Santillán de estar actuando de una manera insólita e irresponsable. Para el alcalde oficialista, lo ocurrido con su pareja está reservado al fuero privado, aunque él sea funcionario público; teniendo que actuar con decoro mientras ejerce un cargo. "Niego veracidad a la denuncia que se me ha dirigido, además de lo cual me encuentro amparado por el principio constitucional de presunción de inocencia" aseguró el jefe comunal, aseverando que la actitud de la edil se encuentra cubierta de malicia y de un interés político de cara a la elección del mes de mayo.