De forma veloz, se dio media sanción a la prórroga de la Ley 7857 que, desde el momento de su vigencia, estipulaba que Salta declare la emergencia pública en materia social por violencia de género por el lapso de cuatro años, período que se extendió en dos ocasiones hasta la fecha.

Con esta nueva disposición, la medida se extenderá hasta el 2024, completando una decena de años en los que la provincia no pudo combatir eficientemente contra los violentos.

Lo curioso fue que, a pesar de recibir varias críticas de los sectores identificados con la oposición, como el Frente de Todos o la coalición que responde a Alfredo Olmedo (Ahora Patria), solamente una legisladora emitió su voto de forma negativa ante la propuesta de la prórroga.

Sofía Sierra, tal vez la más crítica de sus pares, reclamó que el Gobierno no tenga un plan de abordaje integral sobre la problemática que suma año a año muertes de mujeres en Salta.

"¿Qué es lo que se logra con prorrogar la ley de emergencia si el Ejecutivo tiene la facultad de elaborar un plan, empezando por la prevención?", se cuestionó Sierra quien mencionó en reiteradas ocasiones que el prorrogar la Ley, que nació en 2014 como un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), es darle un cheque en blanco al Ejecutivo que, en definitiva, no hace nada.

Otro punto que despertó repudio fue que, de los 60 diputados que componen la Cámara Alta de la provincia, muchos de ellos tienen o están vinculados a algún tipo de hecho de violencia contra mujeres, ya sea verbal, física, económica o de distintas índoles.

Uno de los sindicados es el ex secretario de Gobierno de Sergio "Oso" Leavy cuando éste era intendente. Franco Hernández Berni fue acusado en 2014 de haber tenido actos de intimidación contra una periodista de Tartagal luego de acusaciones vertidas en un medio local.

Según consta en informaciones, se produjo un altercado con tintes verbales violentos donde Aldo Hernández, titular de un estudio jurídico y ex asesor del Concejo Deliberante norteño, junto a sus hijos Franco Hernández (hoy diputado) y María Eugenia Hernández (en ese entonces Defensora Oficial), amedrentaron a la comunicadora.

Patricia Hucena fue sindicada por una periodista de Orán de ser la protectora de un hombre denunciado por abuso sexual y acoso contra una menor. Lucas Tévez, quien fuera presidente del Concejo Deliberante oranense, abusó con tocamientos a la ex encargada de prensa del organismo, Yanela Gutiérrez, e insinuó querer mantener relaciones con la hija de la víctima, quien era menor de edad en ese momento.

A pesar de solicitar ayuda a Hucena (madrina política del acusado, con antecedentes de violencia de género en su propia familia), ésta hizo oídos sordos. La ex conductora de TV, Mónica Juárez, fue denunciada este año en la presidencia de la Cámara de Diputados por una mujer, empleada legislativa, quien aseveró recibir malos tratos y violencia laboral por parte de la ex Tribu Urbana.

Matías Monteagudo protagonizó un incidente a las afueras de un gimnasio de su propiedad en Tartagal en donde hubo intercambio de golpes entre él y una ex pareja.

Incluso, habría un antecedente judicial en medio que involucraría al actual intendente tartagalense y a una ex novia del diputado que hoy se desempeña como funcionaria municipal a cargo del área de las mujeres, con serias críticas hacia su gestión.

Sobre Gustavo Orozco también hubo una causa por violencia de género denunciada por su ex esposa mientras transitaban el proceso del divorcio. Un juez del sur provincial le impuso en 2020 una orden de restricción de acercamiento de 200 metros a la vivienda de su ex en Metán, quien denunció que, tras la discusión por la disputa de una camioneta, el ex policía la violentó.

Germán Rallé, líder del bloque oficialista más grande con casi la mitad de los legisladores en él, fue denunciado por violencia de género y explotación laboral por una ex trabajadora que estuvo a su lado durante 22 años, trabajando de forma particular y para una fundación, y a la que nunca se registró con formalidad.

“Me humilló muchas veces delante de mis compañeros y yo por una necesidad laboral, porque estoy atravesando un cuadro muy delicado de salud, continué trabajando” declaró la mujer por ese entonces.

El caso de Fabio Rodríguez es, tal vez, el más fresco de todos debido a la retención indebida de sueldos contra una joven a la cual inscribió como AP en la Cámara sin que ésta supiera, perjudicando a la hora de percibir beneficios sociales por el embarazo que transitaba. Por este hecho hay un pedido de elevación a juicio.

Daniel Sansone tiene sobre sus espaldas una restricción impuesta por la Justicia tras viralizarse una catarata de insultos vertidos en un grupo de WhatsApp contra la ex legisladora y ñoqui de la legislatura, Liliana Mazzone.

Al ex intendente y actual legislador güemense, Daniel Segura, lo salvó el beneficio de la duda, lo que no implica que sea inocente lisa y llanamente, tras una denuncia por violencia de género formulada en su paso como intendente por parte de la entonces jueza del Tribunal de Faltas, Déborah Ramírez, quien fue removida de su cargo por solicitar una licencia tras perder un embarazo.

Por último, Adrián Valenzuela perdió una elección en 2017 cuando aspiraba a la senaduría por Capital tras conocerse denuncias por falta de pago de alimentos contra un hijo, desconocido hasta ese momento al menos para la opinión pública, y que le valieron caer en una dura derrota ante otro cuestionado candidato como Guillermo Durand Cornejo.