Con una abogada a la cabeza, los trabajadores comentaron que, en el mes de junio del 2020 cuando empezábamos a transitar en la provincia los primeros grandes embates causados por la pandemia del coronavirus, al menos cuatro funcionarios de la Cámara de Diputados se auto ascendieron de categoría para seguir engrosando sus billeteras.

Precisamente, las acusaciones recaen sobre el actual secretario Administrativo de la Cámara, Gastón Galíndez; su par legislativo, Raúl Romeo Medina; el prosecretario, Pedro Mellado; y José Aranda, quien fue el hombre que saturó los ánimos de toda la planta de trabajadores.

Resulta ser que Aranda, a pesar de ya tener un cargo público, también es autoridad de la Cámara de Tabaco de Salta y es vicepresidente de la International Tobacco Growers Association (Asociación Internacional de Cultivadores de Tabaco – ITGA).

Éste, habría sido nombrado subjefe del Sector Contable en planta permanente con un nivel 10, lo que le asegura una cifra considerable de dinero en efectivo mayor al que perciben muchos de los empleados que sobrevivieron a la depuración post Indio Godoy.

Aquí se exacerban los sentimientos de los estatales ya que muchos consideran que se encuentra en ese lugar por ser amigo íntimo del presidente de la Cámara, Esteban “Tuty” Amat.

Desde el viejo (muchos dicen histórico) edificio de calle Mitre al 500, aseguran que los cargos los negocian entre el representante de La Viña y el Jhonny Bravo salteño que es quien, en definitiva, tiene la lapicera en la mano.

“El teje y maneje de la Cámara lo saben todos. Acá se mueve mucha guita, sino acordate de Pepe con el Indio”, aseguró una fuente consultada quien aseguró que la información sobre la designación de personal como planta permanente en la Legislatura, no es de manejo público, aunque debería serlo.

Tras preguntarles si hablaban del Sapo Pepe, de Pepe Argento o del muñeco de Rodolfo Aredes, los trabajadores de Alferi, se refieren al ex subsecretario administrativo de la Cámara de Diputados, un cargo por debajo del que ostenta Gastón Galíndez, quien en 2020 sufrió un asalto en su vivienda de un barrio macrocéntrico, de donde le sustrajeron más de 200 mil dólares y una importante cantidad de euros, lo que hacía una fortuna de más de 20 millones de dólares amasado durante algunos períodos en el codiciado puesto.

Ahora, será “Tuty” quien deba responder al respecto de esta acusación ya que, a través del expediente 91-44862/21, la jefa del sector Asesoría Jurídica habría presentado una denuncia administrativa y política en contra de las secretarías y pro-secretarías Administrativa y Legislativa, y contra cualquier otro funcionario que resulte responsable de Delitos Constitucionales. Dicho sea de paso, el expediente duerme en Presidencia desde el pasado jueves 30 de septiembre.