Ese proyecto legislativo —aprobado por unanimidad en el Senado el 7 de mayo pasado— propone una declaración de emergencia por 180 días y la creación de un fondo de 10 mil millones de pesos para ejecutar obras hídricas urgentes capaces de frenar los desbordes de ambos ríos. El objetivo: evitar que comunidades enteras sigan siendo arrasadas por crecientes e inundaciones recurrentes.

Durante la gestión con la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, y senadores por Salta, Nerón enfatizó que no se trata de un reclamo político tradicional, sino de un pedido desesperado de auxilio de pueblos que viven con el agua a la puerta de sus casas. En ese encuentro participaron también el senador Juan Carlos Romero, el maestro Ciro Ramos y el asesor legal de la intendencia, Daniel Segovia, quienes relataron las consecuencias cotidianas del abandono institucional.

Leavy fue contundente al advertir que no puede esperarse más: “Hay compatriotas que perdieron todo. No podemos permitir que los ríos sigan devorando comunidades mientras el proyecto duerme en Diputados. El norte necesita acción y compromiso, no indiferencia”. Por su parte, Romero sugirió reactivar la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE), entidad encargada de coordinar políticas hídricas entre la Nación y las provincias, actualmente paralizada.

En el terreno, la situación es dramática: más del 70 por ciento de la población de Rivadavia vive bajo la línea de pobreza, muchas familias (principalmente de comunidades wichí, chorote, chulupí y toba) carecen de agua potable, saneamiento básico y adecuados servicios de salud. Las lluvias, los desbordes y la inacción gubernamental agravan año tras año un cuadro humanitario intolerable. “Nuestros niños toman agua del río, y cuando el río crece, lo perdemos todo”, relató con crudeza Ramos.

Ahora, la pelota está en la cancha de Diputados y en la responsabilidad política de brindar una respuesta antes de que el agua arrase con todo nuevamente.