Del Frari, ex concejal de la ciudad, no carga precisamente con un currículum de gestión brillante. Lo que lo sigue son las denuncias en tribunales y los portales digitales, acusaciones de violencia contra mujeres de su propio espacio y hasta escenas de pugilato en el recinto.

“Patético machismo” le dicen las militantes que firmaron la impugnación pública, un texto que lo pinta como paradigma del patriarcado salteño: agresivo, misógino y con un pasado político donde los golpes y la violencia verbal ocuparon más espacio que las propuestas.

Las organizaciones recuerdan episodios que mancharon su paso por el Concejo Deliberante: denuncias desestimadas a fuerza de rosca, campañas mediáticas en su contra que él mismo calificó de persecuciones, y un Poder Judicial que, lejos de limpiar su imagen, terminó reforzando las sospechas sobre su conducta

Para ellas, el problema no es personal sino estructural: Del Frari encarna la eficacia de un sistema patriarcal que sigue garantizando impunidad a los varones violentos con el aval del poder político y judicial.

El texto de las impugnaciones también apunta a la maniobra institucional detrás de la candidatura.

La comisión que evalúa al futuro Defensor del Pueblo abrió un brevísimo plazo de tres días para presentar impugnaciones, casi un trámite exprés que levantó sospechas y dejó la sensación de que alguien quiso blindar a Del Frari antes de que la polémica tomara volumen.

Sumado a su intempestiva renuncia como concejal, la jugada genera más interrogantes que certezas: ¿Qué intereses se mueven detrás de su postulación? ¿Quién lo sostiene políticamente?

La carta es clara al señalar que el cargo de Defensor del Pueblo no puede ser ocupado por alguien que ni siquiera respeta los derechos más básicos de las mujeres y diversidades.

Las firmantes se preguntan con crudeza: ¿Cómo puede garantizar derechos ciudadanos un hombre que arrastra denuncias de violencia y que persiguió judicialmente a referentes sociales como Sofía Fernández, reconocida militante por los derechos de las infancias y del colectivo feminista?

En un contexto donde la legitimidad política está por el piso, la eventual designación de Del Frari aparece como una provocación.

Para los sectores feministas, el “buen nombre y honor” no se compra con absoluciones judiciales ni pactos de caballeros en los pasillos del poder, sino con conducta diaria y compromiso con los derechos humanos. Y es justamente eso lo que (dicen) le falta al ex concejal.

Lo cierto es que la candidatura de Del Frari reabre una herida incómoda en la política salteña: el pacto tácito de protección a dirigentes cuestionados, el blindaje institucional frente a denuncias y la costumbre de premiar con cargos a quienes fracasaron en la gestión pero siguen teniendo padrinos en el poder.

El debate, lejos de ser un trámite administrativo, pone en discusión la vigencia de un modelo de representación que mira para otro lado frente a la violencia de género.

Con esta impugnación pública, las organizaciones feministas dejaron en claro que no van a legitimar lo inaceptable.

En sus palabras, Del Frari no es una falla aislada sino el síntoma de un sistema político que todavía se resiste a poner a los derechos humanos y a la igualdad de género en el centro de la agenda.

Y si de algo no hay dudas, es que esta candidatura ya nació manchada por el repudio social.