Como si la política salteña estuviera tan anestesiada que ya ni el escándalo causa escalofrío.

López, electo el 11 de mayo, llega a su cargo con un prontuario que haría renunciar hasta al más cínico. Pero no acá. No en estas tierras, donde la impunidad es más constante que el ceremonial de jura. Donde un denunciado por obligar a una mujer a prácticas sexuales degradantes, para cobrarse una deuda, puede reincorporarse sin siquiera el pudor de un descenso de mirada.

Porque lo que se denunció no es menor, no es confuso, no es “una interna”: es violencia extrema, abuso sexual, amenazas y una frase que debería quedar grabada como símbolo de la cloaca moral que algunos llaman política: “Por cada chupada de pito te devuelvo 10 mil pesos.”

Esa frase, que ni el más descompuesto imaginario político hubiera inventado, refiere según la víctima, una cobranza de deuda económica entre López y ella misma, ex pareja y asesora. Un mecanismo de coerción tan bestial como explícito.

Pero no termina ahí. La denunciante declaró que López la obligó a mantener relaciones sexuales con otra persona durante un viaje a Brasil.

Un nivel de sometimiento y manipulación que debería haber provocado una reacción institucional inmediata, implacable y definitiva.

En tanto la mujer era obligada, el nuevamente concejal López filmaba la escena con un celular.

El problema es que en este país la indignación moral es selectiva. Y cuando el denunciado pertenece a una estructura de poder, siempre aparece alguien dispuesto a mirar para otro lado. O, peor aún, a encubrir.

Según la víctima, y aquí viene quizás lo peor, María Emilia Orozco, hoy senadora nacional y principal referente de La Libertad Avanza en Salta, estuvo al tanto de la situación antes de realizarse las denuncias.

La mujer afirmó que habló directamente con Orozco y que ésta decidió hacer oídos sordos.

En cualquier sistema político que se respete, ese dato solo debería alcanzar para un terremoto institucional. Pero acá alcanza apenas para que un par de funcionarios simulen sorpresa y sigan su día.

Así, mientras la Justicia sigue en su habitual letargo y la política local se acomoda para no incomodarse, Pablo “Chupito” López no solo volvió al Concejo: volvió con la legitimidad que un juramento suele otorgar.

Lo cual, dado el contexto, tiene un nivel de ironía que supera cualquier tipo de perversión.

La pregunta es evidente ¿A quiénes estamos eligiendo para que nos representen? ¿Los acusadores seriales eran peor que los acusados? ¿Acaso la oposición salteña le da banca a tremendo perverso?

La Libertad Avanza escogió, defendió y sostuvo a un hombre denunciado por abusos sexuales y vejaciones para que represente a la ciudadanía salteña. Y lo hizo sin despeinarse, sin dar explicaciones y sin siquiera simular un mínimo ejercicio ético.

Porque si algo quedó claro hoy es que en esta versión del liberalismo criollo salteño, la moral se terceriza y la vergüenza no figura en el organigrama.

Mientras tanto, la víctima vuelve a quedar sola, como casi siempre. López vuelve a su banca, como casi nunca debería haber hecho.

Y la política salteña vuelve a mostrar, sin culpa ni rubor, que la impunidad en Salta comienza a vestirse de violeta. En Salta no es La Libertad, sino la Impunidad Avanza y López es la prueba.