"Las acusaciones recaen sobre el actual secretario Administrativo de la Cámara, Gastón Galíndez; su par legislativo, Raúl Romeo Medina; el prosecretario, Pedro Mellado; y Juan Aranda, quien fue el hombre que saturó los ánimos de toda la planta de trabajadores. Resulta ser que Aranda, a pesar de ya tener un cargo público, también es autoridad de la Cámara de Tabaco de Salta y es vicepresidente de la International Tobacco Growers´ Association (Asociación Internacional de Cultivadores de Tabaco – ITGA). Dicho sea de paso, el expediente duerme en Presidencia desde el pasado jueves 30 de septiembre" fue parte de lo que este medio comunicó en aquella ocasión.

Tras esa denuncia, y la exposición mediática de lo que ocurría dentro de la Cámara de Diputados de la provincia, Amat y Galíndez tomaron decisiones drásticas. Molestos por haber quedado expuestos ante la opinión pública, y no conformes con mentir ante los medios de comunicación como Amat el último viernes en el Centro Cívico Grand Bourg cuando el gobernador presentaba un balance por los dos años de gestión; estos dos emprendieron una serie de represalias en contra de quienes visibilizaron el festival de nombramientos a amigos y familiares que hizo el "Tuty" sin importarle la moral o la ética que demostraron no tener.

En la mañana del martes 14 de diciembre, y a más de dos meses de haber presentado la denuncia y de pedirle a Amat "protección personal y laboral", el presidente de la Cámara de Diputados, su cuñado Hugo Pfister, y el secretario Administrativo, Gastón Galíndez, se cargaron el laburo de toda una vida de la profesional Luisa Hermosilla y dejaron sin efecto su cargo como jefa interina de Asesoría Jurídica de la Cámara de Diputados. En horas del mediodía, y en una actitud semi mafiosa, enviaron a cuatro personas a la oficina de la abogada para que éstos hicieran posesión del lugar. Sin una notificación fehaciente, y amparándose en artículos de las constituciones Nacional y Provincial que llama a defender los bienes de los ciudadanos, Hermosilla no accedió a la entrega, por lo que la mantuvieron cautiva en la planta alta de las oficinas de Rivadavia 747 por casi 12 horas.

Ante el pedido de la letrada de que se hicieran presentes Amat Lacroix y Galíndez, y luego de que una diputada que pasaba por casualidad por el lugar decidiera intermediar entre el Secretario Administrativo y la abogada, finalmente desde la cúpula de Diputados se decidió por utilizar la fuerza pública para obtener las cosas por la fuerza. Cerca de las 2 de la madrugada, y cuando ya ningún medio de comunicación se encontraba en el lugar, un grupo de asalto de la Policía de Salta, por pedido de ambos funcionarios, ingresó con escaleras y poco equipo de seguridad al edificio y sacó esposada a Hermosilla para luego trasladarla hacia una comisaría. Rápidamente, el Ministerio Público Fiscal, a cargo del nuevo procurador de la provincia y ex titular de la oficina anticorrupción de la Ciudad de Salta, Pedro García Castiella, resolvió que la mujer y una colaboradora que se mantuvo junto a ella, debían ser imputadas por los delitos de turbación de la posesión y obstrucción de acto funcional. En el mundo del revés, quien denuncia es quien va a parar en cana y no los que se llevan los recursos a escondidas del pueblo.