El capricho de Roberto Dib Ashur, el mismo que fue anunciado a inicios del mes de diciembre cuando los wichis de Santa Victoria sufrían el avance del río Pilcomayo por falta de obras de saneamiento, le costó a los salteños la friolera suma de 142 millones de pesos; los mismos que podrían haber sido destinados, tranquilamente, a reforzar los anillos de contención, a la evacuación o a la asistencia social de miles de salteños que tuvieron que convivir con las aguas dentro de sus chozas. Sí, como lo leen.

En pleno siglo XXI seguimos hablando que la gente vive en chozas, con techos de paja, recubiertos con plástico o lona, con paredes de alguna caña o rama que encuentran en el monte cuando salen a cazar los pocos animales que no emigraron ante las condiciones climáticas adversas o el desmonte indiscriminado.

A pesar de las quejas de los salteños, y de los constantes pedidos por mejorar puntos sumamente necesarios para la construcción de cualquier sociedad, al ministro de Economía y Servicios Públicos poco le importaron los problemas que realmente aquejan a los salteños y, enmascarando un objetivo personal y de negociado particular, adujo que el nuevo atractivo urbano obedece a una política de mejoramiento turístico y de calidad.

Y en este punto vamos a hilar un poco fino, tan solo un poco, debido a que el desmanejo de las arcas públicas es una cuestión que afecta a toda la provincia en su conjunto.

En primer lugar, cabe mencionar la Resolución 190/21 en la cual aprueban la licitación pública 10/2021 para la adquisición de equipamiento recreativo y de accesibilidad para la puesta en valor y paisajismo de los parques urbanos de la provincia de Salta.

Esto, claramente, no beneficia a toda la provincia, sino a un sector de la Capital ya que el otro gran parque urbano, el de "La Familia" ubicado en la zona sureste, se encuentra deteriorado a pesar de ser mucho menos antiguo que el del Bicentenario.

Según consta en la mencionada resolución, solamente una empresa habría presentado ofertas para los equipamientos, siendo la beneficiada Carrousel Park SRL, quien tras la inspección de la Comisión Evaluadora que realmente no evaluó nada debido a la falta de oferentes, se aprobó la compra con dinero procedentes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Carrousel Park SRL es una empresa cuyo CUIT es 33-71408994-9, con domicilio legal en calle Florentino Ameghino número 1851/53 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llamativamente, en el lugar donde estaría emplazada la compañía, no hay ni siquiera un letrero que describa el funcionamiento de la misma, y solamente se puede apreciar un galpón de grandes dimensiones desde el exterior. Esto es al menos curioso ya que se trata de una empresa que se llevó 142 millones de pesos de los salteños por dos juegos que podrían haber costado mucho menos, y que no son una necesidad básica para la población.

Esta compra, cuestionada sin mucho entusiasmo por parte de diferentes legisladores departamentales, ya se efectuó y estará activa, en teoría, en las próximas semanas. A pesar de los esfuerzos, no se tienen números reales sobre el verdadero costo que implicaría la adquisición de un carrusel y el tren con idénticas características a los que llegaron a tierras salteñas.

Lo único que se sabe, es que las prioridades de Dib Ashur distan mucho de la de la gran mayoría de los pobladores de Salta quienes, a pesar que puedan llegar a acceder algún día a uno de estos juegos que se espera no sean de acceso gratuito, siguen luchando día a día con necesidades que no son cubiertas y que son más importantes que una puesta en valor o paisajismo. Salud, Seguridad, Educación, Asistencia Social; esas son prioridades para todos, todos, claro, menos Roberto.