Panorama Político Salteño
Dudas

Todos son de su condición: revés para Galíndez, Amat y compañía ¿alguien vio a Ramos Ossorio?

Gastón Galíndez y Esteban Amat observan el silencio del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio. (Dibujo: NOVA)

En los últimos días, una jueza falló a favor de la mujer que denunció los acomodos y nombramientos VIP en la Cámara de Diputados, y que luego fue violentada en su oficina para despojarla de su cargo.

Mientras el reclamo administrativo duerme en la Legislatura, las situaciones irregulares en la tesorería de uno de los tres poderes del Estado salteño siguen poniendo bajo la lupa al titular de la lapicera. Por el contrario, quien debería de aunar esfuerzos para que los bienes de la provincia no caigan en manos maliciosas, sigue preocupándose por llevar adelante una causa inventada que fue repudiada socialmente.

El silencio de diputados, oficialistas y opositores, solamente acrecientan las sospechas de corrupción por parte de los funcionarios involucrados.

Liliana Hermosilla es la abogada que, en septiembre del año pasado, destapó una olla que pocos se atreven a tomar entre sus manos. En Salta el silencio por el escándalo que involucra a altos funcionarios locales, es acrecentado por los medios que prefieren obviar estas cuestiones con tal de pasar todos los meses por las oficinas administrativas de calle Zuviría para retirar la compensación económica sin papeleo legal de por medio.

El nepotismo con el que se manejaron Gastón Galíndez y Esteban Amat para perpetuar a su gente en puestos que no se merecían, parece incomodar ya que cada vez que la letrada abre la boca ante los pocos micrófonos que se lo permiten, vuelven a operar desde las sombras para intentar callar el reclamo genuino de una simple trabajadora estatal con años de antigüedad y prestigio.

Pero no todo puede taparse con un dedo o borrarse con el codo. Al menos hay todavía personas que creen en que las verdades deben ser reconocidas y eso fue lo que ocurrió con Hermosilla.

Fue la jueza de Violencia Familiar y de Género de Primera Nominación, Noemí Valdéz, quien falló a favor de la ex jefa de Asesoría Jurídica de la Cámara de Diputados, quien en diciembre pasado realizó una denuncia por violencia de género contra Miguel Patricio Mena, Dardo Nahuel Gutiérrez, Maximiliano Videla Montero, José Rizzo y Raúl Romeo Medina; este último reconocido ex legislador y edil salteño y actual secretario Legislativo de la Cámara Baja.

El hecho en cuestión se llevó a cabo el día 13 de ese mes, cuando los acusados ingresaron por la fuerza a las oficinas que la mujer ocupaba en una vieja casona de calle Rivadavia al 700, para tomar posesión del cargo que ella ostentaba hasta ese momento.

Con maniobras dudosas, quisieron desalojar a Hermosilla y a una compañera de ésta, sin tener siquiera un sustento legal; además de tratarlas violentamente. A posterior, en un acto demagógico, implementaron un operativo policial para retirar a las mujeres del edificio, y hasta les enviaron asistencia psicológica, intentando instalar en la sociedad que las entonces señaladas como "atrincheradas", no estaban al 100 por ciento en sus capacidades mentales.

Desde la Justicia le dieron la derecha a la abogada e intimaron a los acusados de "abstenerse de ejercer actos de violencia de género de cualquier tipo y/o que afecten su integridad psico-física dentro del contexto laboral que vincula a la misma con los denunciados, bajo apercibimiento de configurar desobediencia judicial".

En la misma resolución, la magistrada ordenó al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, que se le asigne un lugar y/o función para que la denunciante pueda desempeñar sus labores, y se garantice condiciones laborales óptimas que eviten nuevos hechos de violencia de cualquier tipo y daños, como así también perturbaciones u obstáculos en el desempeño de sus tareas. En lo que no pudo intervenir la Justicia, y dejó esto en manos de la vía administrativa, fue en la restitución de su cargo.

En los últimos días, una jueza falló a favor de la mujer que denunció los acomodos y nombramientos VIP en la Cámara de Diputados, y que luego fue violentada en su oficina para despojarla de su cargo.

Mientras el reclamo administrativo duerme en la Legislatura, las situaciones irregulares en la tesorería de uno de los tres poderes del Estado salteño siguen poniendo bajo la lupa al titular de la lapicera. Por el contrario, quien debería de aunar esfuerzos para que los bienes de la provincia no caigan en manos maliciosas, sigue preocupándose por llevar adelante una causa inventada que fue repudiada socialmente.

El silencio de diputados, oficialistas y opositores, solamente acrecientan las sospechas de corrupción por parte de los funcionarios involucrados.

Liliana Hermosilla es la abogada que, en septiembre del año pasado, destapó una olla que pocos se atreven a tomar entre sus manos. En Salta el silencio por el escándalo que involucra a altos funcionarios locales, es acrecentado por los medios que prefieren obviar estas cuestiones con tal de pasar todos los meses por las oficinas administrativas de calle Zuviría para retirar la compensación económica sin papeleo legal de por medio.

El nepotismo con el que se manejaron Gastón Galíndez y Esteban Amat para perpetuar a su gente en puestos que no se merecían, parece incomodar ya que cada vez que la letrada abre la boca ante los pocos micrófonos que se lo permiten, vuelven a operar desde las sombras para intentar callar el reclamo genuino de una simple trabajadora estatal con años de antigüedad y prestigio.

Pero no todo puede taparse con un dedo o borrarse con el codo. Al menos hay todavía personas que creen en que las verdades deben ser reconocidas y eso fue lo que ocurrió con Hermosilla.

Fue la jueza de Violencia Familiar y de Género de Primera Nominación, Noemí Valdéz, quien falló a favor de la ex jefa de Asesoría Jurídica de la Cámara de Diputados, quien en diciembre pasado realizó una denuncia por violencia de género contra Miguel Patricio Mena, Dardo Nahuel Gutiérrez, Maximiliano Videla Montero, José Rizzo y Raúl Romeo Medina; este último reconocido ex legislador y edil salteño y actual secretario Legislativo de la Cámara Baja.

El hecho en cuestión se llevó a cabo el día 13 de ese mes, cuando los acusados ingresaron por la fuerza a las oficinas que la mujer ocupaba en una vieja casona de calle Rivadavia al 700, para tomar posesión del cargo que ella ostentaba hasta ese momento.

Con maniobras dudosas, quisieron desalojar a Hermosilla y a una compañera de ésta, sin tener siquiera un sustento legal; además de tratarlas violentamente. A posterior, en un acto demagógico, implementaron un operativo policial para retirar a las mujeres del edificio, y hasta les enviaron asistencia psicológica, intentando instalar en la sociedad que las entonces señaladas como "atrincheradas", no estaban al 100 por ciento en sus capacidades mentales.

Desde la Justicia le dieron la derecha a la abogada e intimaron a los acusados de "abstenerse de ejercer actos de violencia de género de cualquier tipo y/o que afecten su integridad psico-física dentro del contexto laboral que vincula a la misma con los denunciados, bajo apercibimiento de configurar desobediencia judicial".

En la misma resolución, la magistrada ordenó al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, que se le asigne un lugar y/o función para que la denunciante pueda desempeñar sus labores, y se garantice condiciones laborales óptimas que eviten nuevos hechos de violencia de cualquier tipo y daños, como así también perturbaciones u obstáculos en el desempeño de sus tareas. En lo que no pudo intervenir la Justicia, y dejó esto en manos de la vía administrativa, fue en la restitución de su cargo.

Ampliando la cuestión, el puesto que ocupaba Hermosilla hasta diciembre como jefa de la Asesoría Jurídica, hoy pertenece a uno de los denunciados: Miguel Patricio Mena.

El joven, es hijo de la tesorera de la Cámara Baja y, según se conoció en enero de este año, ejerce un cargo tan sensible e importante sin tener siquiera matrícula. “Esto es intercambio de favores, porque Miguel Patricio Mena es el hijo de la que maneja el dinero de la Cámara de Diputados.

Para ser asesor jurídico no solo se debe tener título, sino también la matrícula que autoriza a ejercer la profesión y desde el Colegio de Abogado dieron a conocer el 7 de enero de este año que este muchacho no tiene matrícula” afirmó la denunciante al medio Agenda Salta, dejando a la vista las maniobras fraudulentas que realizaron quienes intentaron dejarla en la calle como a otras trabajadoras como Zulma Arepia, otra de las que expuso el entramado corrupto legislativo.

Pero, mientras la jueza Valdéz tuvo la celeridad necesaria para actuar en un caso que no demandaba menos, el que mantiene un silencio estampa considerable es el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio.

Quién debe ser auxiliar de la Justicia, actuó rápidamente cuando Galíndez, Amat, Romeo Medina y el resto de funcionarios involucrados; denunciaron a Hermosilla por el supuesto “atrincheramiento” en las oficinas estatales.

En aquella ocasión, Ramos Ossorio pidió la inmediata detención de ambas mujeres que custodiaban el patrimonio provincial por "impedir la toma de posesión de las nuevas autoridades". Fue el cuestionado juez Ignacio Colombo quien hizo lugar al pedido de detención de las mujeres en cuestión quienes tuvieron que cumplir con arresto domiciliario y fueron imputadas por los delitos de turbación de la posesión y obstrucción de acto funcional.

Ramos Ossorio dejó en claro que, según su criterio, es más importante avanzar en esta causa contra Hermosilla, que investigar las causas por corrupción de quienes están manejando las riendas administrativas de la Cámara de Diputados, las cuales permanecen archivadas hasta la fecha.

Por esto último, fueron denunciados Gastón Galíndez, secretario Administrativo de la Cámara; Raúl Romeo Medina, el prosecretario legislativo, Pedro Mellado; el jefe de Recepción y Registro, Hugo Pfister Frías y Marcelo Villagrán, ahora jefe de la División Archivo General. Entre ellos, hay familiares y amigos íntimos del presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix.

Más allá del silencio por parte de gran parte de la prensa salteña que prefiere obviar la situación, lo que más preocupa es que los representantes elegidos por el pueblo a través del voto, y que hoy ocupan bancas oficialistas u "opositoras" como diputados provinciales, no mencionan nada al respecto sobre estos casos de depotismo y devolución de favores.

"El ladrón cree que todos son de su condición" reza el popular refrán. Ahora se explica por qué quisieron sacar a una trabajadora con currículum intachable de un puesto tan clave como la Asesoría Jurídica. El agua del Arenales es menos turbia.

Lectores: 1477

Envianos tu comentario