Ángel Sarmiento, el ex funcionario urtubeycista reciclado por esta gestión como director general de Políticas Penales, hoy es sindicado por haber violado el secreto de sumario en la causa Monges.

Todo por unas declaraciones que tuvo en el medio oficialista del condenado Mario Ernesto Peña en donde afirmó severamente que fue el propio Benjamín Cruz el que se comunicó el pasado 1 de junio para solicitarle la autorización debida para que Monges se entrevistara con el detenido, caratulado por los medios como de alto riesgo por su labor de sicariato.

Desde ese momento, el evento que se manejaba entre un grupo selecto de funcionarios entre los que destacan el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo; y el procurador Pedro García Castiella, empezó a ser de conocimiento público.

Aquel secreto que era tratado con el mayor de los recelos para evitar que la prensa se enterara de los entretelones de la política, el poder y las mafias de Salta; veía la luz del sol de la manera, tal vez, menos esperada.

Claramente la declaración de Sarmiento no iba a quedar en el olvido rápidamente. Sobre todo, tras el paso de Cruz desde Provincia hacia la Municipalidad de Salta. Los medios, incluidos oficialistas y opositores, hicieron con Benjamín lo que quisieron, aprovechando el silencio que el ex titular de la Secretaría de Seguridad mantuvo hasta después de la festividad religiosa del Milagro.

En la última semana, el abrir la boca le costó a Sarmiento que Castiella y sus súbditos le iniciaran un proceso legal. Lo que dijo en una radio lo condenaba, el haber hablado de más (para ellos, tenía que ser reprendido).

Curiosamente, el MPF solamente anunció la imputación de Sarmiento, y no así con Cruz. El actual secretario de Gobierno municipal abrió el paraguas y consiguió aquello que buscó incesantemente en la labor que realizó recorriendo cuanto medio de comunicación accedía a brindarle un espacio para su descargo.

Tipo pícaro Cruz, se amparó en el error que había cometido su acusador y mencionó que su silencio estaba relacionado a no entorpecer la investigación oficial y mantener el secreto de sumario.

A pesar de que ya no está entre los funcionarios del gobernador, el poder que ejerció Benjamín Cruz para desviar la atención del caso y culpar a quien solamente lo había dejado expuesto ante la opinión pública uno de los casos más alarmantes que tuvo la provincia en los últimos años, la fiscalía solo busca tener un culpable al precio que sea.

Lo lamentable, en este caso puntual, es que se mata al mensajero y no se pone la lupa, realmente, en los puntos que realmente podrían significarle a la investigación un avance significativo.

Sarmiento abrió la boca, destapó el escándalo, y ahora deberá sentarse a explicar que no es ningún traidor ni timador de la administración pública. Mientras tanto, aquellos que realmente deberían de estar con Ossorio y Torres dando explicaciones, continúan con la programación habitual.

Perejil, lo llaman a Ángel, y más de uno ya sospecha que, de avanzar con esta causa armada, pronto el cazador será casado y quien era la máxima autoridad penal en Salta podría pasar a recibir bagayos por inmediaciones de barrio El Huaico. Atrás de Ciudad Judicial, precisamente.