Rechazaron la renuncia del concejal López y activaron juicio político por denuncias de abuso
En una sesión extraordinaria cargada de tensión, el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta capital rechazó este jueves la renuncia presentada por el concejal libertario Pablo Emanuel López, dando luz verde a la apertura de una comisión de juicio político. La decisión se tomó por mayoría, luego de evaluar que la dimisión no podía ser aceptada sin antes aplicar los mecanismos institucionales previstos para casos de esta gravedad.
López, denunciado penalmente por una militante de su propio espacio político -La Libertad Avanza- por presunta extorsión sexual, retención de haberes y violencia de género, no estuvo presente en la sesión. Su nota de renuncia fue leída en el recinto, en la misma alegó ser víctima de una persecución política y de hostigamiento personal. Sin embargo, los ediles decidieron no aceptar la dimisión y avanzar con la creación de la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial.
El debate se extendió por más de una hora y estuvo marcado por duras intervenciones. Gustavo Farquharson, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que los hechos atribuidos al concejal representan “una inmoralidad que desprestigia la función pública” y que el cuerpo legislativo no puede ser indiferente.
La decisión de los ediles implica que, en las próximas 24 a 48 horas, se convoque a los miembros para definir la integración de la comisión investigadora y el cronograma de audiencias. Varios concejales expresaron su voluntad de garantizar un proceso “ágil y transparente”, con el objetivo de impedir que López retome su banca en diciembre sin antes haber rendido cuentas ante la Justicia y el órgano deliberativo.
Acusaciones graves y reacción política
La denuncia que desencadenó la crisis institucional fue presentada por una militante del propio espacio político de López que además fue electa convencional municipal por el mismo partido. La mujer habría aportado audios en los que el concejal condiciona el pago de su sueldo a la realización de favores sexuales. “Por cada chupada te descontaba 10 mil pesos”, se escucha decir en una de las grabaciones que ya están en manos de la Justicia.
En el marco de la investigación, el Ministerio Público secuestró el teléfono celular del edil y dispuso un botón antipánico para la denunciante, como medida de protección. El presidente del Concejo, Darío Madile, fue contundente al señalar que la situación configura una “incapacidad moral sobreviniente”, por lo que era inevitable activar los mecanismos disciplinarios.
Seguí todas las noticias de NOVA Salta en Google News
