Elsa Pereyra Maidana y Marcos Segura Alzogaray fueron propuestos por Germán Rallé, líder del bloque oficialista más grande de la Cámara de Diputados, como ingresantes para integrar el organismo. Un auditor senior volvió a reiterar un pedido ya que considera que no se cumplen con artículos constitucionales a pesar que ambos sean considerados (o autonombrados) opositores a la gestión de gobierno actual. además, uno de ellos incumple con otro artículo que prohíbe que puedan ser nombrados en los cargos por más de una vez.
En diciembre pasado, hace ya casi 3 meses, te contábamos desde este medio la jugada que se dispuso a llevar a cabo el diputado de Güemes en cuanto a la Auditoría General de la Provincia (AGP).
📍 Los miembros de la Comisión de Auditoría presidida por el diputado Germán Rallé, aprobaron la postulación de Pereyra Maidana y Segura Alzogaray para ocupar la Auditoría.
— Cámara de Diputados de Salta (@camdipsalta) December 2, 2021
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Bajo el título "Cuando jugar al opositor trae beneficios oficiales", te contábamos el entramado político que se había conformado para evitar que los candidatos de Juntos por el Cambio en Salta, no obtengan la mayoría de las bancas en el Congreso de la Nación que se disputaban en los comicios nacionales.
Una de las listas que se oficializó para aquella ocasión, fue la de la alianza Salta Independiente - Partido Renovador de Salta (SI + PRS) cuyo candidato en primer término era el empresario Felipe Biella, hermano del médico y actual diputado provincial Bernardo Biella, allegado a todos los poderes de turno.
En segundo lugar, estaba el nombre de Elsa Pereyra Maidana, una funcionaria a cargo del Archivo Provincial, quien públicamente en campaña se mantenía como una férrea opositora, cuando la situación puertas adentro era totalmente distinta y su actitud era más la de una sumisa negociadora de cargos.
Sabido es que la AGP es uno de los organismos de control que tiene la provincia, por lo que se considera moralmente ético que de los 5 miembros que la integran, una mayoría sean pertenecientes a fuerzas políticas opositoras al Gobierno de la Provincia.
Hoy solamente la componen 3 miembros: Gustavo Ferraris (presidente), Javier Cancinos (padre de la fallecida Santiago Gala Cancinos) y Omar Esper. El primero de ellos fue juez de Corte, vicepresidente del Tribunal Electoral y presidente del también cuestionado Consejo de la Magistratura. Además se desempeñó como secretario de Seguridad.
Esper, licenciado en Administración, fue asesor de la Cámara de Senadores, director ejecutivo de Tartagal, diputado y senador provincial por 10 años; tiempo que superó como auditor ya que permanece en el cargo desde el 2010.
Ambos renovaron sus cargos el año pasado por propuesta del oficialismo en ambas cámaras legislativas. Por otra parte, Cancinos fue propuesto por el Gobierno provincial a sus diputados y rápidamente fue incorporado al organismo tras vencerse el plazo de Ramón Muratore. Es decir, 3 oficialistas.
Si bien hasta diciembre la AGP debía funcionar con cinco miembros (en ese mes concluían las designaciones de Marcos Segura Alzogaray y Mariano San Millán), las designaciones nuevas deben ser confirmadas el próximo martes 1 de marzo. Por este motivo, el contador público y auditor senior de la AGP, Juan Manuel Chamorro, volvió a pedir que se revean las postulaciones de Maidana y Segura Alsogaray ya que, consideró, al ser propuestos por una corriente oficialista (Germán Rallé), se estaría incumpliendo el artículo 36 de la Ley 7103 ya que las postulaciones no reflejan la propuesta de oposición política.
Ante esto, está en los senadores integrantes de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones (Jorge Soto, Juan Curá, Walter Wayar, Mashur Lapad, Durval García, Sergio Saldaño y Mónico Graciano) refrendar el pedido de la Cámara de Diputados, o postular y designar a integrantes de la misma Auditoría que cuentan con más de 10 años de antigüedad y son personal de planta permanente.
Todo se encamina a que el proyecto original se apruebe por mayoría. Una auditoría oficialista, como tantas otras veces, será la encargada de "controlar" lo que se hace con los recursos de los salteños.








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