Del otro lado, el gobierno anunció que proyecta crear una Unidad Coordinadora interministerial que "recepcione, articule, derive y ejecute con los organismos correspondientes la atención que requieran comunidades del norte provincial ante diferentes tipos de emergencias".

En el territorio, estos días han sido profusos en malas noticias en el norte salteño: el 13 de enero falleció Aldana Quico después de esperar 12 horas por atención en el Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal; el 15 de enero se supo del femicidio de Pamela Julia Flores, de 12 años de edad, y entre el martes y el miércoles último fallecieron 2 bebés.

Desde las comunidades llegó el aviso de la muerte de otro niñito indígena y de tres que estarían internados en grave estado. En todos los casos se señalan causas vinculadas a la desnutrición como el origen de sus males. Hasta anoche ninguna instancia del gobierno accedió a hablar de estas versiones.

En una resolución que se conoció este pasado miércoles , el juez Eduardo Barrionuevo, vocal del Tribunal de Impugnación, ordenó al Gobierno de Salta que garantice albergues para las personas, y sus parientes, que deban ser trasladadas por razones de salud a la ciudad de Salta y a otros centros urbanos de los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia, comprendidos en la declaración de la emergencia socio sanitaria.

Los traslados representan un gran contratiempo para les habitantes del Chaco salteño, a más de 300 kilómetros de la ciudad capital, y con grandes extensiones sin medios de transporte público ni caminos en buen estado; además de la lejanía con sus familiares y sus lugares, deben afrontar gastos extraordinarios para les acompañantes de la persona enferma, y luego deben afrontar los gastos del regreso.

El juez también ordenó designar facilitadores interculturales en los hospitales de San Martín, Rivadavia y Orán, algo que ya existe en el Hospital de Tartagal (donde hay 13), uno de los señalados por violaciones de derechos a mujeres indígenas. También los hospitales de la capital provincial deberán contar con facilitadores interculturales.

La decisión de Barrionuevo se tomó al admitir una medida cautelar solicitada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ, integrante del colectivo Infancia en Deuda) y la comunidad indígena Comisión Directiva Wichi Misión La Loma en un amparo colectivo presentado por la falta de aplicación y reglamentación de la ley provincial 7856, de salud intercultural.

Al resolver el magistrado reseñó que efectivamente esta ley establece la figura de facilitadores interculturales bilingües en los hospitales, “a efectos de permitir una adecuada armonización intercultural entre el sistema de salud y el paciente originario, garantizando su atención y contención”, y la existencia de “albergues institucionales de tránsito dentro del ejido hospitalario, para brindar hospedaje, manutención y acompañamiento integral al paciente originario y su familia mientras sea necesaria su permanencia por motivos estrictamente vinculados a su atención de salud”.

Sin embargo, el propio Ministerio de Salud Pública de la provincia reconoció en un informe que le elevó que los fondos para este fin ni siquiera fueron incluidos en los presupuestos de 2020 y 2021.

Para el magistrado, es "claro el peligro en la demora, ello por la propia situación de emergencia constatada y definida por el Estado Provincial, a lo que debe sumarse la situación estacionaria estival y las enfermedades endémicas de la zona y del Covid-19”.

En un comunicado en el que informó sobre esta decisión judicial, la ACIJ destacó que "persiste actualmente un contexto de discriminación histórica hacia estas poblaciones, que repercuten en obstáculos graves en el acceso al derecho a la salud" por ello "este fallo es fundamental para mejorar las condiciones de acceso a la salud por parte de niños y niñas indígenas en estos territorios".

En cuanto al pedido de aplicación y reglamentación de la ley 7856 el juez resolvió que la causa se siga tramitando ante la Corte de Justicia Salta por cuestiones procesales de competencia. "Es indispensable que la Corte resuelva de forma adecuada y oportuna estos aspectos, para garantizar el derecho a la salud de los niños y niñas de estas comunidades", insistió ACIJ.

Y recordó que en la provincia hay actualmente unas 500 comunidades indígenas de 14 pueblos originarios y que "viven en condiciones de pobreza estructural y discriminación, con fuertes restricciones en el acceso al sistema de salud y a servicios básicos como el agua potable", especialmente en Rivadavia, Orán y San Martín, departamentos donde en enero de 2020 se declaró la emergencia socio sanitaria tras la muerte de al menos nueve niñas y niños indígenas. "Pese a que el Poder Ejecutivo Salteño debía tomar todas las medidas necesarias para modificar esta situación, todavía persisten las vulneraciones graves a los derechos de niñas, niños y adolescentes", agregó la organización.

Según información oficial, al menos 7543 niñas y niños de entre 0 y 5 años que residen en el norte provincial se encuentran en estado de riesgo nutricional. "Además, los fallecimientos están lejos de disminuir.

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, en los territorios de emergencia fallecieron 108 niñas y niños en 2020 y, en el transcurso de los primeros 6 meses de 2021, se registraron 64 casos". Y "recientemente el actual Ministro de Salud Pública de la Provincia (Juan José Esteban) reconoció públicamente que este año se inició con más muertes por desnutrición y complicaciones por deshidratación".