La denuncia fue radicada la semana pasada ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género de la justicia salteña, que recayó en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 3, a cargo de María Carolina Cáceres Moreno. Su carátula es "Monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas contra Cargnello, Mario Antonio; De Elizalde Martín, por violencia de género”. A esos tres acusados las denunciantes agregaron al cura Lucio Ajaya.

La jueza resolvió de manera provisoria intimar a Cargnello, De Elizalde y a Ajaya a que se abstengan de ejercer actos de violencia de todo tipo y bajo cualquier modalidad en contra de la madre priora, María Fátima del Espíritu Santo, otras dos monjas mencionadas en la denuncia y las demás hermanas del monasterio.

Mientras que el abogado Eduardo Romani, de los denunciados, evitó realizar declaraciones, ya que argumentó que no tuvo acceso al expediente y está “esperando que lo habiliten”, la defensora Zerda Lamas reveló que "esta denuncia en la justicia ordinaria de Salta ya ha sido motivo de otra denuncia en la Santa Sede”, aunque advirtió que “el tiempo canónico es distinto al tiempo real”.

“Evidentemente esto está en tratamiento.”-afirmó. Y resaltó que si bien existió “una visita apostólica”, el visitador fue nada menos que “uno de los denunciados, monseñor Martín Elizalde”.

"Fue una visita difícil, donde las monjas han sentido que se ha querido romper su juicio, que han querido minimizar la situación de violencia que viven.”-puntualizó. Y agregó que esperan “lo que vaya a decir la Santa Sede” sobre este caso.

La abogada también destacó que el trato que reciben las 18 las monjas que residen en el Convento San Bernardo por parte de la máxima autoridad de la Iglesia Católica de Salta les genera un “enorme sufrimiento y daño desde hace muchos años”, prácticamente desde la llegada del actual arzobispo a Salta, momento en que se registra un cambio en el trato entre el convento y las autoridades eclesiásticas.

Por ello, consideró que la decisión de realizar la denuncia judicial responde a la necesidad de “asegurar que el trato del señor arzobispo sea en condiciones de dignidad y respeto”.

La letrada evitó referirse a los hechos puntuales denunciados “por entender que las cuestiones de género rozan aspectos muy personales y sensibles tanto de las denunciantes como del denunciado”, pero aclaró que “las hermanas carmelitas no tienen celulares porque son monjas de clausura”, al ser consultada sobre los rumores que aseguran que existen videos que avalan lo que se denunció.

De todos modos, explicó que se trata de “agresiones verbales, otras que han ido un poquito más, amenazas”, tras lo que sostuvo que el solo hecho de “amenazar o soslayar la posibilidad que pueda ser intervenido el convento, sin razón por supuesto, y que pierdan su casa, su hábitat natural”, ya altera la vida de las monjas, que se rigen por las “reglas carmelitanas”.

¿Se hará justicia?