Por parte de la intergremial "oficialista" de la docencia, que incluye a entidades como la Asociación Docente Provincial (ADP), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), el que tomó la palabra fue el siempre criticado y aún así resistido, Eloy Alcalá, titular de AMET.

Aunque anunció que "no garantiza el inicio de clases", toda salta sabe que el gremialista que se llevó fortunas a su bolsillo durante la gestión de Juan Manuel Urtubey con la construcción de "costosos" tinglados en escuelas técnicas de toda la provincia, suele aceptar siempre los términos que le indican desde el Ministerio de Educación. Así lo fue históricamente, difícil que cambie en este año.

Sin embargo, el gremio que tal vez más dio qué hablar el año pasado durante la revolución docente, fue SITEPSA. Desde allí, su titular, Victoria Cervera, presentó una serie de planteos al Gobierno provincial, los cuales incluso ya debían haber sido tratados el año pasado en las denominadas mesas técnicas.

El reclamo no es solamente salarial, sino el de mejorar las condiciones laborales de los maestros y maestras salteñas, el saneamiento de las grillas para que docentes cobren lo mismo por idénticas funciones, y los recursos para garantizar un normal funcionamiento en las aulas. "Fue un compromiso del año pasado que no se cumplió", aseguró la sindicalista.

Hasta el momento no se habló de algún porcentaje de aumento que vayan a pedir las diferentes organizaciones sindicales y gremiales que "representan" a la docencia. Desde AMET ya se escudan en la famosa y paupérrima excusa de que "hay que esperar a ver qué resuelve Nación". Bajo este concepto, basado netamente en Buenos Aires, después se eligen los parámetros, sobre todo un techo, para que los gremios piensen sumas menores o que no superen a las mismas.

Por su parte Cánepa sigue firme en su postura de no hablar con la docencia no sindicalizada. Esto ya lo manifestó en reiteradas ocasiones, durante el paro de agosto del año pasado, o en los primeros meses del 2021 cuando se escapaba de educadores en Tartagal.

Aún sigue vigente el "pacto de sangre" que tiene con gremialistas como María Cerezo o Viviana Figueroa, las dos caras más fuertes de la ADP, y quienes fueron un pilar fundamental para Cánepa en las elecciones del 2019, poniendo toda su estructura a disposición de "Monseñor" con la única condición de que las negociaciones las definían ellos y no en la Plaza 9 de Julio, como había hecho Urtubey en el último tramo de su mandato.

Los favores se pagan, aunque esto cueste a la provincia, al Gobierno, y sobre todo a la gente que, como cada año, sigue con la incertidumbre de saber si sus hijos o hijas empezarán las clases con normalidad el próximo miércoles de Cenizas o tendrán que tenerlos en casa por unos días más.

A favor de la docencia está la lentitud de funcionarios como Roberto Dib Ashur o el propio Cánepa que recién mantuvieron la primera reunión informativa a tres semanas de la fecha pautada para el inicio del ciclo lectivo. Siguen sin entender que las soluciones se pueden plantear antes, al menos en enero, mes en el que se hicieron los anuncios oficiales.

Seguramente la semana que viene serán pocos los avances que se tendrán en cuanto a las paritarias. Sin un panorama "porteño-nacional", difícil será que alguien se anime a arrojar algún número a la mesa. En off aseguran que el aumento no superaría los 35 por ciento escalonados, habitual todos los años; aunque la situación ameritaría a esta altura del año un monto cercano al 51 a septiembre. Eso es solamente con los números de hoy, habrá que ver qué se dice en dos semanas.