En una situación que roza lo bochornoso, el Senado provincial terminó aprobando que la Justicia salteña requise la casa del legislador tras el incidente que habría protagonizado el viernes pasado en una estación de servicio de su propiedad. Si no hubiera sido por los fueros que protegen a los legisladores, esto podría haberse llevado a cabo de forma sorpresiva, como cualquier operativo común y corriente encarado por las fuerzas de seguridad; pero con toda esta movida solo terminaron por anoticiar al senador que los investigadores estaban camino a su casa.
Todo comenzó el viernes pasado cuando se hizo pública una situación sufrida por una pareja de abuelos en la estación de servicio Refinor que se ubica sobre ruta nacional 9/34 en uno de los ingresos a la ciudad de San José de Metán, al sur provincial. Según denunciaron en sede policial, esta pareja estaba junto a su nieta, menor de edad, en la confitería cuando divisaron una gresca en la parte de la playa. Entre medio de insultos, gritos y empujones, señalaron que el senador provincial por Metán, Héctor D’Auría, sacó de una camioneta una escopeta de doble caño y efectuó al menos un disparo contra otras personas que se escaparon velozmente en una pick up marca VW Amarok. En medio del enfrentamiento, ellos se arrojaron al suelo con su nieta y sufrieron algunas escoriaciones y golpes menores, aunque entraron en una crisis de nervios al igual que la niña.
Tras esto se tejieron distintas versiones, desde una pelea entre un grupo de violentos que intentaron agredir a los empleados de la Refinor, hasta un intento de robo que había sido frustrado gracias al rápido accionar del legislador gatillero. Pero, a pesar de querer frenar todo y que quede en el olvido como algunas de las causas que involucraron al actual senador, ésta tomó conocimiento público y fue la Justicia salteña la que, en teoría o al menos en los papeles, intentó tomar cartas en el asunto.
Es que, al ser representante en la Cámara de Senadores, D’Auría cuenta con fueros que impiden que la Justicia o las fuerzas de seguridad avancen en las investigaciones libremente como lo harían con cualquier hijo de vecino. Por ese motivo, el Poder Judicial decidió enviar un pedido a las autoridades del Senado para solicitar autorización (sí, autorización) para poder requisar la vivienda del legislador y buscar pruebas que puedan aportar algo a la causa que se inició. El proyecto fue tratado en la sesión de ayer jueves y sobre tablas.
Llamativamente (para unos pocos), uno de los autores de la iniciativa de suspender los fueros para que la justicia avance en la investigación fue el propio sospechado, Héctor D’Auría, que al mejor estilo “el que nada debe, nada teme”, solicitó a sus pares que autoricen el allanamiento solicitado por el juez de Garantías de Metán, Mario Teseyra.
Pero, ¿por qué tanto problema para que la justicia avance en una causa? Según el artículo 17 de Código Procesal Penal, “para allanar el domicilio u oficina de un legislador, es necesario la autorización de la Cámara pertinente”. Y, a pesar que el propio legislador del Frente de Todos pidió que se autorice el allanamiento, desde otros sectores aseguraron que es simplemente un acting debido a que lo que tenía que tapar ya lo hizo, por lo que la justicia no encontrará prueba alguna. Tal vez por eso muchos se desesperan por llegar a ocupar una banca.
