La motivación detrás de esa embestida no es jurídica, ni tampoco institucional. Es personal. López Viñals, en su etapa como procurador, fue quien impulsó las causas más sensibles contra la gestión de Romero como gobernador. Entre ellas, la conocida como “La Ciénaga”, vinculada a presuntas irregularidades en compras de tierras del Estado, y la cesión del hangar del aeropuerto a una empresa de su entorno familiar. Fue el único funcionario judicial que osó tocar intereses del exmandatario.

Hoy, cuando su continuidad en la Corte es objeto de debate, El Tribuno -en lugar de ejercer una función periodística- opera como un órgano de presión. Bajo la apariencia de notas institucionales, se articula una narrativa cuyo objetivo es minar la legitimidad del juez. Es decir, una estrategia de desgaste político desde el blindaje mediático.

Lo que aquí está en juego no es un debate jurídico sobre la reforma constitucional salteña ni sobre los límites del mandato de los jueces. Lo que se discute –veladamente- es si un senador nacional puede usar un medio de comunicación de su propiedad para condicionar las decisiones del Poder Judicial.

La gravedad institucional del episodio es manifiesta. Porque en un sistema republicano, los medios existen para controlar al poder, no para que el poder se controle a través de ellos. La libertad de prensa no puede ser invocada como escudo para un ejercicio faccioso de la palabra pública.

Más aún cuando quien utiliza esa herramienta, el senador Romero, lo hace no desde la prensa, sino desde el Estado mismo. Porque Juan Carlos Romero no es un columnista, ni un editor, ni un empresario de medios. Es senador nacional. Y desde ese lugar, embiste -sin matices- contra un juez que lo incomodó, que lo investigó.

Este episodio, que puede parecer local o menor, en realidad plantea una pregunta incómoda para la política Salteña: ¿cuánto obscenidad de poder puede tolerar una democracia sin que se desdibujen los límites entre representación, influencia y dominación?

El caso de Romero y López Viñals es, en este sentido, un espejo. Uno que devuelve la imagen de un poder que no reconoce fronteras entre lo público y lo privado, entre el interés personal y el institucional.

Y que, paradójicamente, se resiste al retiro…mientras acusa a otros de no saber cuándo irse.