Corrupción, robo al estado, sobre facturación, hasta la hipótesis de una movida de vaciamiento para forzar a una privatización que de nacimiento a una obra social masiva que entregue en bandeja el padrón completo a un puñado de empresarios inescrupulosos que actuarían en las sombras. El escándalo no tiene parangón.

Todo inició con el anuncio del envio de un Proyecto de Ley al Senado provincial, suyo cometido era, entre otras cosas, el pase de las prestaciones de salud que brinda el Instituto Provincial de la Salud a los jubilados provinciales a donde históricamente pertenecían, el PAMI. El argumento está relacionado a la falta de recursos de la entidad provincial.

El escándalo fue inmediato: el PAMI, al menos en Salta, es un pasillo cuyo destino es el cementerio más próximo a la clínica de turno que brinde la atención.

Rápidamente, Sáenz se vio forzado a retroceder y hacer la autocrítica correspondiente. Hay que ver si el que le vendió “la solución” ya recibió la correspondiente patada en el tujes o aún espera el llamado terrible de Grand Bourg, esto último aún no está claro.

Entre pedidos de disculpa, y de calma hacia los abuelos, el propio gobernador de Salta deslizó la idea de terribles hechos de corrupción que rodearían al propio Instituto Provincial de Seguros de Salta, y claro está, a un sector del empresariado de la salud que habría realizado maniobras de sobre facturación.

Si bien desde el Ministerio Público Fiscal aún se hace lo que mejor saben hacer, que es hacerse el oso, se espera que a la brevedad el Procurador de la Provincia anuncie alguna pista que de señales de voluntad de investigación, a pesar de la amistad o lazo parental que pueda llegar a existir entre los oficiales de la justicia y las denuncias emitidas públicamente.

La hipótesis más llamativa, y que si se la piensa un par de veces no es “tan” descabellada, apunta a una maniobra de sobre facturación con el fin de “secar” al IPS, y llevarlo hasta el borde de la quiebra ¿El motivo? Sencillo: 263 mil afiliados cautivos que por ley no pueden optar por disponer de los servicios de otra obra social.

Docentes, personal de seguridad, trabajadores del estado provincial, municipales, y etc se ven cautivos de un Ente que a veces responde y otras veces no, en función -muchas veces- de los contactos del afectado.

Puede que no suceda nada de nada, y puede que arda Roma, todo es siempre voluntad política. Esperemos que lo expuesto por el propio gobernador llegue a transformarse en materia de investigación y, cueste lo que cueste, alguien pague el vaciamiento.