Se trata del organismo encargado de seleccionar a los distintos jueces que tendrá la provincia, fue criticado por un aspirante a concursar un cargo quien adujo favoritismos y direccionamientos por parte de los integrantes del mismo. Al mismo tiempo, se dieron lugar dos renuncias relacionadas al cupo correspondiente al Ministerio Público Fiscal que dejaron al descubierto el desmembramiento interno, y una fuerte división que pelea entre sí por saber si finalmente hay una justicia independiente en Salta, o sigue dependiendo del poder político de turno como hasta estos días. Suman cada vez más las críticas hacia la jueza de Corte, Sandra Bonari, quien preside el Consejo.
Semanas atrás, fue noticia una acusación por parte del juez Ignacio Colombo en donde señalaba al Consejo de la Magistratura de direccionamientos y favoritismos con ciertos candidatos o aspirantes a cubrir distintos cargos en la justicia local. La crítica del juez vino de la mano con un puntaje bajísimo obtenido en los exámenes realizados, por lo que pidió explicaciones al respecto, y solicitó se le informen los criterios que los miembros tienen en cuenta a la hora de seleccionar a los magistrados. Si bien lo de Colombo puede definirse como un planteo inútil ya que, al ser citado para obtener las respuestas solicitadas, éste adujo estar enfermo por lo que no asistió.
Todo podría haber quedado en la nada misma sino hubiera sido por una cadena de hechos que terminaron por exponer la crisis institucional que vive actualmente el organismo presidido por la jueza de Corte, Sandra Bonari, quien estaría pronta a dejar su lugar vacante debido a que ya tendría todos los papeles presentados ante la Administración Nacional de la Seguridad Social, más conocida como ANSES, para acceder al beneficio de la jubilación con uno de los cargos más altos dentro de la justicia salteña, acompañada del futuro expresidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, quien seguiría los pasos de su colega.
A esto se suma la renuncia en el pasado mes de octubre de una de las representantes del Ministerio Público Fiscal, quien habría tomado la decisión de partir el primer día de ese mes, y casi arrastró con su decisión a otra integrante, dejando casi desmembrado al Consejo, a días de que éste iniciara con los concursos para cubrir las vacantes en el Tribunal de Impugnación, tal vez el más importante de toda Salta, que juzga nada menos que los casos de corrupción más resonantes de la provincia y que suelen involucrar a personas vinculadas al poder político. Un artículo de un medio salteño, nada inoportuno, supo llamarlo "Tribunal de Impunidad", nunca se supo si fue un error o simplemente una opinión.
Pero sin duda alguna, lo que desencadenó una ola de críticas y renuncias masivas a las postulaciones, fue el caso Colombo. Tras ello, el pasado 19 de noviembre el organismo recibió una nota de la jueza de la Sala VII del Tribunal de Juicio, Paola Marocco, continuando horas después sus pares María Livia Carabajal, Norma Beatriz Vera y Mónica Alejandra Mukdsi; todas participantes del Concurso 209 en donde el examen escrito mejor calificado fue el del juez David Miy, quien en una cuestión de honor, decidió presentar horas después una renuncia a todos los concursos en los que participaba, fundamentando su decisión en la "campaña de desprestigio" que aduce se orquestó en su contra y en donde muchos aseguraron que una de las vacantes del Tribunal de Impugnación tenía su nombre escrito de antemano. “Para evitar toda maliciosa perspicacia (sic), doy mi palabra de que inmediatamente de finalizadas las entrevistas, voy a renunciar a todos los concursos en los que participo. Lo ético, lo moral y el respeto por las instituciones, representan un límite infranqueable para mi persona” aseguró Miy, dejando en claro que lo único claro dentro de la Justicia salteña y sus aristas, es que la transparencia que tanto pregonan, se ve cada vez más oscurecida.
