La situación por el avance del covid en Salta es crítica. Con un mapa epidemiológico que aterra debido al rojo de sus colores, hay quienes decidieron dejar de lado todo tipo de mezquindades y ambiciones personales para intentar disminuir el número de contagios que sigue marcando cifras récord en la Provincia.

Por este motivo, muchos jefes comunales decidieron tomar medidas extremas y que pueden perjudicar en el corto y largo plazo a sus propios intereses, aunque primando el bienestar social. Se suspendieron festivales con años de tradición, eventos masivos auspiciados por los municipios, ferias, bailes, carpas y todo tipo de actividades que pudieran aglomerar personas para evitar la propagación del coronavirus que trae en jaque a los salteños.

Lamentablemente no todos habrían tomado la misma decisión. Municipios como San Carlos que suspendieron un festival donde actuarían figuras de renombre a nivel internacional, o la Ciudad de Salta que implementó la rigurosidad a la hora de controlar el pase sanitario; o lo hecho por Colonia Santa Rosa, del mismo departamento, que restringió nuevamente la gastronomía, gimnasios y deportes al aire libre, no fueron suficientes para que Pablo González, intendente del segundo municipio más grande que tiene la provincia y, por ende, el segundo con más contagios de coronavirus en esta tercera ola, fuera capaz de tomar decisiones que impidan la propagación del virus a gran escala.

Samuel Huerga, presidente del Concejo Deliberante de aquella ciudad, elevó una denuncia penal contra el mandatario local por no cumplir con la ordenanza del COE que impedía la realización de eventos masivos.

Según el edil, González obtendría algún rédito económico por permitir que las fiestas masivas se sigan llevando a cabo en su ciudad. La denuncia se radicó en la Fiscalía Federal con asiento en Tartagal, y ya habría tomado actuación el auxiliar fiscal Rafael Lamas, quien estaría investigando los posibles vínculos entre el alcalde, su familia, miembros de su gestión y los eventos privados realizados con apoyo de la comuna.

Por lo pronto, la Justicia ordenó de forma inmediata la suspensión de cualquiera de estos eventos masivos. En la denuncia formulada por Huerga, éste dejó asentado que la cónyuge de González, Elisa Meri, fue nombrada como directora de la Comisión Organizadora del Corso Color de Orán.

Además, la mujer sería familiar del empresario Roberto Meri, organizador de eventos en un lugar conocido como “El Gigante”, donde se realizarían estas fiestas masivas. A esto se suma la realización de una fiesta con miles de asistentes en las canchas de tenis de la ciudad en donde actuó un reconocido DJ salteño el fin de semana pasado, tras los anuncios del COE.