Desde CEPRIDIASA remarcaron que la situación “no responde a una decisión voluntaria”, sino a “una imposibilidad material y económica real” que pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes renales. Además, exigieron al Gobierno provincial que disponga un plan de contingencia para evitar que el sistema colapse y que garantice la atención de los enfermos que dependen de la diálisis para sobrevivir.

“El problema no es una disputa económica, es la defensa de la vida”, expresaron los representantes de la asociación. En el mismo sentido, pidieron que se habiliten mecanismos de contención y derivación para los 131 pacientes afectados, mientras se resuelve el conflicto de fondo.

Los centros privados insistieron en su voluntad de diálogo, pero advirtieron que sin una intervención urgente por parte de las autoridades sanitarias, el servicio podría suspenderse de manera inminente. La falta de respuestas del Gobierno ya encendió las alarmas en todo el norte del país, donde la continuidad de los tratamientos renales pende de un hilo.