Pero el sueño duró poco, ya que Jorge Enrique “Quique” Prado, fue finalmente sentenciado a seis años y medio de prisión efectiva, junto a dos empresarios, por el delito de robo agravado en despoblado y en banda.

Los jueces de Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaron la apelación solicitada por la defensa. Los magistrados la consideraron inadmisible en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Quique estaba hambriento y tenía toda la data. Previo al 2019, el ingeniero Prado había trabajado en varias empresas en la zona en cuestión, pero además, él entonces intendente Alfredo Darouiche, lo nombró secretario de ambiente de la ciudad de Aguaray, en donde realizó, por ejemplo, la línea de base ambiental de los gasoductos del NEA.

Ya en el 2019, Jorge Enrique Prado, cuyo nombre delincuencial es “Quique”, se postuló como candidato a intendente de dicho municipio bajo el sello del “Frente de Todos”, comandado en Salta en ese entonces por Sergio “El Oso” Leavy. Siendo el actual senador nacional, compartía fórmula para la gobernación con otro que anda escapándosele al martillo de la justicia en los últimos meses, Emiliano Estrada, diputado nacional e ideólogo de una cueva de trolls que utilizaba recursos de la propia Cámara baja nacional con fines políticos personales y difamación.

Así, y con todo el viento a favor, es que Quique Prado se hizo de la intendencia, y unos 30 segundos luego de asumir, comenzó con el plan macabro de robarse un gasoducto, cientos de millones de dólares del erario público fueron desguazados, y aún no se sabe en donde están. Tal vez, dichos dineros esperen pacientemente a que Quique cumpla la blanda sentencia que se le dictó, y luego, cuál protagonista de una película de delincuentes, se aísle a disfrutar de su fortuna en algún paraíso fiscal. Deberían imprimirse remeras con su rostro, el tipo es un vivillo.

La terminología técnica nos lleva a un párrafo riguroso: la causa contra Enrique Prado se tramitó bajo el sistema acusatorio que rige en la provincia de Salta. Allí se investigó la sustracción (durante el período que va de diciembre 2019 a abril de 2020) de alrededor de 228 caños del gasoducto pertenecientes al Estado Nacional del noreste argentino, conocido como GNEA.

Pero, además, el gordo de navidad quedó semi trunco. Este plan nace a partir de la Resolución Municipal N°1215, la cual fue urdida con el único fin de darle “ropaje legal” al traslado de los bienes que tenían proyectados saquear de una planta petrolera instalada en la finca de Ñacatimbay, en Aguaray. Ello se frustró por la resistencia del administrador de esa propiedad, dijo la acusación.

Finalmente, y luego de largos avatares de la vida (la causa inició en 2020) la defensa de Prado insistió con un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revisara en queja su condena. El máximo tribunal no entró a analizar la causa y desestimó por inadmisible el planteo.

Prado, deberá cumplir los magros seis años y medio a los que fue condenado, bajo el régimen de prisión efectiva. ¿Por qué tan poco tiempo? Porque estamos en Salta, una provincia en donde el silencio todavía paga, y Jorge Prado supo hacer silencio y alguien de más arriba zafó de casualidad, pero ¡que suertudos algunos!