“El sistema provincial es distinto al nacional. Tenemos una partida presupuestaria que se reparte entre las distintas fuerzas políticas. Son ellos los que la utilizan para contratar los espacios y solo lo pueden hacer en los medios que están registrados en el Tribunal Electoral”, aseguraron a este portal desde la autoridad judicial de los comicios.

Tal como señala la Ley 7697 local, en este sentido, es el Presupuesto general de la provincia el que debe prever las partidas necesarias para las elecciones en el año que corresponda. Ese dinero será destinado a aportes públicos de campaña y publicidad electoral oficial, pero solo se habilitará en el marco de las elecciones generales.

Fue por medio de la Resolución 16 de 2017 que el Poder Ejecutivo local reglamentó (mediante el Decreto 890/13 y su modificatorio 3692/14) las normas en este aspecto y estableció una serie de operaciones a cargo del Tribunal Electoral con el objetivo de distribuir las partidas entre las listas intervinientes en la contienda electoral.

En cuanto a la forma de la asignación, detalla el texto oficial, el monto previsto para la publicidad se divide en dos mitades: 1) La primera mitad será dividida de manera proporcional a la cantidad de electores de cada municipio y por categorías que se elijan; 2) La otra mitad se distribuirá entre los partidos políticos de acuerdo a los votos obtenidos en la última elección general aplicando el criterio de repartición proporcional.

La resolución también estableció la implementación de un procedimiento informático que “asegure tanto la celeridad del trámite como los resguardos legales que fueren menester.

Desde el Tribunal Electoral salteño, en ese sentido, precisaron: “No hay un intercambio de dinero. Es a través del sistema de gestión electoral (que es de desarrollo propio) que las fuerzas políticas le generan una solicitud de servicio a un medio de comunicación, que a su vez con esa solicitud (que cuenta con un código) genera la orden de publicidad. Con esa orden de publicidad se emite la pauta y después se presenta ante el Poder Ejecutivo para poder cobrar”.

Es a través de una suerte de “billetera electrónica”, entonces, que las fuerzas políticas acceden a un monto con el que tramitan la propaganda oficial. “Lo que hace el Tribunal Electoral es distribuir la partida presupuestaria de los fondos, controlar que se emita correctamente todos los avisos políticos, pero el pago lo realiza el Poder Ejecutivo”, aclaran desde la autoridad judicial de los comicios salteños.

A modo de repaso, fuentes institucionales detallaron: “A partir del miércoles 19 de abril, las fuerzas comenzaron a hacer su contratación a través del sistema. Allí generaron las solicitudes de servicio y a los medios se les generaron las órdenes de publicidad. La pauta recién se pudo empezar a emitir desde el lunes 24″.

Según la norma, los medios de comunicación (tanto los televisivos como los radiales y de internet) deberán presentar ante el Tribunal Electoral su presupuesto de costos mediante los formularios electrónicos que se pondrán a disposición. La fecha límite para hacerlo: hasta 60 días antes de la fecha de la elección general.

“Las fuerzas políticas podrán contratar Publicidad Electoral Oficial, con cualquiera de los medios de comunicación admitidos por el Tribunal Electoral, luego de que éste verificara que se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado y hubieren presentado el presupuesto de costos”, señala la Resolución 16 de 2017.

La Justicia electoral salteña, a su vez, realiza un control a través de una auditoría en toda la provincia en relación a la emisión de la pauta. “Nosotros hacemos un sumario e imponemos sanciones a los medios o fuerzas políticas a partir del incumplimiento. Lo mismo si se llegara a advertir que hay una publicidad que se emitiera por fuera del sistema, es decir en un medio no habilitado para emitir publicidad electoral”, aseguran las fuentes de la justicia electoral salteña consultadas.