Las negociaciones paritarias, lejos de ser un espacio de consenso, se han convertido en una mímica en donde se ficcionan desacuerdos y grandes luchas gremiales, falsos campos de batalla donde los gremios y el Gobierno chocan en un tire y afloje que siempre finaliza con acuerdos agridulces, aunque la mayor parte del tiempo más agrios que dulces.

El 29 de julio el gobierno anunció un acuerdo parcial con algunos gremios estatales, ofreciendo un aumento salarial del 14 por ciento para el segundo semestre, distribuido en tres tramos (4 en agosto, 5 en octubre y 5 en diciembre), acompañado de un bono de 50 mil pesos con los haberes de julio.

Esta propuesta fue recibida con rechazo por los principales gremios docentes, como la Asociación Docente Provincial (ADP), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), además de los Docentes Autoconvocados de la Plaza, quienes la calificaron como “insuficiente” y “provocadora”.

La respuesta no se hizo esperar: un paro de 72 horas, iniciado el 30 de julio y extendido hasta ayer viernes, 1 de agosto, acompañado de movilizaciones y marcha simbólica.

El núcleo del descontento radica en la desconexión entre la oferta gubernamental y las demandas estructurales del sector. Los docentes reclaman una recomposición salarial real que contemple la inflación galopante, el blanqueo de sumas no remunerativas (como el código 690) para mejorar jubilaciones y licencias, la actualización mensual de los sueldos y el pago de una deuda del 6,1 por ciento correspondiente al primer semestre.

A esto se suma la exigencia de los autoconvocados, quienes piden un aumento del 50 por ciento para volver a las aulas, una cifra que refleja la magnitud de la pérdida del poder adquisitivo.

La ministra de Educación, Cristina Fiore, ha calificado esta demanda como “excesiva” y ha desconocido a los autoconvocados como interlocutores legítimos, argumentando que las paritarias están abiertas y que los descuentos por días no trabajados son inevitables. Esta postura, lejos de apaciguar las aguas, ha avivado la indignación.

La fractura entre los gremios y los autoconvocados es “el” punto crítico. Mientras la Intergremial, conformada por ADP, ATE, AMET, SITEPSA y SADOP, intenta mantener una postura negociadora, los autoconvocados acusan a estas cúpulas de ser cómplices de un ajuste que perpetúa salarios de miseria.

La falta de representatividad de los gremios tradicionales ha fortalecido a los autoconvocados, quienes, sin personería jurídica, logran movilizar a un sector significativo de la docencia, con adhesiones al paro que alcanzan el 40 por ciento en promedio y picos del 100 en localidades como Cachi, Payogasta, La Viña y Coronel Moldes.

Esta dinámica revela una crisis de legitimidad en la representación sindical y un hartazgo generalizado ante negociaciones que no logran romper el ciclo de precarización.

Muy a pesar de los propios gremios acuerdistas, docentes autoconvocados han compartido en redes sociales recibos de sueldo que no alcanzan para cubrir la canasta básica, un reflejo crudo de la realidad que enfrentan.

Mientras tanto, el Gobierno salteño, alineado con las políticas de ajuste del Gobierno nacional de Javier Milei, parece priorizar el equilibrio fiscal por sobre la inversión en educación.

Las amenazas de descuentos por días de paro, lejos de ser una herramienta disuasoria, se perciben como un intento de amedrentamiento que vulnera el derecho constitucional a la huelga.

El sábado 2 de agosto, la Asamblea Provincial Docente Autoconvocada se reunirá nuevamente para definir los próximos pasos. La posibilidad de un nuevo paro está latente, y con ella, el riesgo de que miles de salteñitos pierdan más días de clase. Sin embargo, culpar a los docentes por esta interrupción es injusto, sostienen desde la docencia autoconvocada.

La historia, en si, no es nada nueva. El acuerdismo de los gremios, antes llamados “carneros”, hacia con el ministerio de educación, es cosa vieja, y es casualmente el disparador que dio inicio a ese histórico problema salteño llamado “Docentes Autoconvocados” y que, cada cierta cantidad de años, se activa.

La parte virulenta de la pelea, la amenaza de descuentos, siempre finaliza con el gobierno claudicando y con los docentes en victoria, pero durante la lucha se pierden días de clases, y hasta se registran casos de violencia.

No es culpa de los docentes, que quieren lo suyo, tampoco lo es del gobierno, que busca cuentas rectas en plena crisis. La culpa fue, es y será, de los gremios, verdaderos traidores y entreguistas de sus bases, de sus representados. La burocracia mata.