Una investigación, amenazas, personas estafadas, un policía apartado, detención de comisarios y personal raso como revancha, dejan a Salta cada vez más expuesta y deterioran la confianza hacia las instituciones.

Tiempo atrás, desde este mismo espacio, dábamos cuenta de la estrategia implementada por el ministro de Seguridad y Justicia salteño desde su llegada al gabinete provincial.

En varias ocasiones dimos ejemplos de que esa férrea defensa que tiene el funcionario con las fuerzas de seguridad y del orden en Salta, lo llevaron en poco tiempo a cometer errores infantiles con tal de salvaguardar su pellejo.

Algunas de las situaciones citadas con anterioridad recordaban la instalación de haber salvado a una mujer de haber sido víctima de femicidio en Atocha, cuando en realidad habría habido un hecho de gatillo fácil hacia la ex pareja de esta mujer; la muerte de una pareja hincha de un club de fútbol local a quienes acusó de haber estado conduciendo en estado de ebriedad, cuando el real culpable fue un policía quien viajaba alcoholizado; o la muerte en el penal de Villa Las Rosas de una interna de quien dijeron tomó la decisión de acabar con su vida, pero luego salieron a la luz los casos de torturas de los que son protagonistas efectivos del Servicio Penitenciario.

Al estallar el caso de las financieras, no solamente se reabrió el debate sobre si hay o no corrupción en la Policía de Salta, sino que también tuvo inicio una guerra sin cuartel entre Pedro García Castiella, actual procurador general de la Provincia; y su antecesor.

Desde un principio, Cornejo se encargó de “limpiar” el nombre de la Policía ante los rumores que circulaban por esas fechas en las que daban cuenta de varios efectivos involucrados en las estafas piramidales de una falsa compañía. Inmediatamente de ocurridos los primeros allanamientos, uno de los investigadores recibió fuertes amenazas por parte de otros efectivos que estarían involucrados, por lo que Castiella solicitó para las víctimas custodia de la Policía Federal.

Cornejo, viendo que su versión estaba desmoronándose con el correr de las horas, decidió apartar del cargo al investigador que, aunque perteneciendo a las filas policiales, estaba afectado al trabajo que requiriera el Ministerio Público Fiscal.

El avance de Castiella y la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, en estos últimos días fue tal que en la noche del jueves, investigadores del CIF se hicieron presentes en Jefatura de Policía de donde secuestraron documentación valiosa para la causa, al mismo tiempo que realizaban allanamientos en toda la provincia, dejando como saldo la detención de dos altos mandos de la fuerza, y de un civil que cumpliría roles como chofer del secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, a quienes muchos de los damnificados por la financiera trucha señalan como inversionista principal, tal cual lo comentamos en ediciones anteriores.

La Justicia avanza y, si bien se trata de una pelea interna que amenaza con desestabilizar la confianza y credibilidad hacia la institución policial y a toda autoridad en sí, quien ve peligrar a los suyos el es ex procurador y actual ministro de Seguridad, quien a su vez tiene que lidiar con toda una sociedad cansada de que le metan la mano en el bolsillo, de la inseguridad, y con actores como algunos partidos políticos, dirigentes o legisladores que ya piden que el Gobernador no solamente remueva la cúpula de la fuerza, sino también del propio Ministerio.

De ser así, se experimentaría el cuarto cambio en los últimos 30 meses del jefe policial, y el segundo en menos de un año del titular de Seguridad.

A Dios rogando… y en Alcaidía esperando.