Al fundamentar su pedido, Villalba cuestionó los testimonios de una psicóloga y una asistente social que evaluaron a las hijas menores de la acusada durante el último año. Ambas profesionales señalaron que la detención de su madre generó en las niñas angustia, insomnio y pérdida de apetito, e incluso indicaron que una de ellas presentó un retroceso emocional llegando a comportarse “como un bebé”.

Sin embargo, el fiscal relativizó esos informes al afirmar que no necesitaba “una psicóloga o asistente social que haga decir cosas a los niños”, y sostuvo que alguien debía explicarles la situación real. “Alguien deberá decirle la verdad a los niños, que su madre está presa, como cuando alguien muere y se le comunica a un hijo que su madre ya no está”, expresó.

Las declaraciones generaron la inmediata reacción del abogado defensor de Oliva, Alexis Rambert Ríos, quien calificó los dichos del fiscal como “machistas” y anunció que presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación.

“Es lamentable que el fiscal general se maneje en esos términos con una mujer. La comparó con alguien muerto. En la Argentina debemos cuidar y proteger a las mujeres, no hablar de manera despectiva sobre ellas”, sostuvo el letrado.

El defensor también cuestionó que se desestimaran los informes profesionales sobre el impacto emocional que la detención de Oliva tuvo en sus hijas. “Ambas son peritos con título habilitante. Descalificar su trabajo es volver a épocas prehistóricas”, afirmó.

Durante su alegato, Villalba también remarcó que Oliva tenía “total responsabilidad” en el circuito delictivo investigado y se preguntó cuál era el motivo que la llevó a involucrarse en la actividad ilegal. “Quedó demostrado que tenía una carnicería con ingresos millonarios”, señaló.

Además, acusó directamente a la imputada de haber mentido durante su declaración ante el Tribunal y sostuvo que no se trataba de un caso de vulnerabilidad. Según explicó, las hijas de Oliva cuentan con el apoyo de abuelos y otros familiares que pueden hacerse cargo de su cuidado. “También hay un padre con el cual se vinculan. Recién ahora se acuerdan de los niños”, expresó el fiscal, reiterando su pedido de revocar la domiciliaria.

En la misma audiencia también se fijó la pena para Gustavo Joaquín “Perro” Tolaba, otro de los acusados en la causa. Villalba había solicitado unificar sus condenas en 10 años de prisión efectiva, ya que el imputado tenía una condena previa de cuatro años y continuó delinquiendo.

Finalmente, el Tribunal resolvió fijar la pena acumulada en ocho años de prisión, coincidencia que también fue planteada por su defensor, Sebastián García, quien sostuvo que Tolaba es “un joven que debe reencauzar su vida”.

Tras escuchar a las partes, las juezas se retiraron brevemente y luego regresaron a la sala para anunciar las penas, además del decomiso de una camioneta Toyota Hilux incautada el 5 de febrero de 2025, cuando Oliva y Tolaba fueron detenidos junto a una tercera persona que ya fue condenada.

Los fundamentos completos del fallo se darán a conocer el 19 de marzo. Al finalizar la audiencia, el abogado de Oliva manifestó su disconformidad con la decisión judicial y adelantó que apelará ante el Tribunal de Casación.

“Estoy profundamente disconforme con el veredicto. Vamos a interponer todos los recursos necesarios para que esto no vuelva a pasar. La ley debe aplicarse con objetividad y dentro de los parámetros legales”, sostuvo. El defensor también cuestionó la acusación contra su clienta por transferencias bancarias que, según indicó, realizó a pedido de Tolaba sin conocer el destino del dinero.