El acta de desvinculación de Refinor es contundente: Arce fue echado por un hecho calificado como de “suma gravedad” y considerado una “falta inadmisible” dentro del ámbito laboral de una de las compañías energéticas más importantes del norte argentino. No hubo recorte de personal ni reestructuración: la decisión estuvo directamente vinculada al desfalco detectado.

Según consta en los documentos internos, la petrolera llevó adelante un proceso técnico exhaustivo para determinar el faltante de combustible, identificando los puntos de extracción y los registros de manipulación de los surtidores. En ese marco, Arce aparece como la persona a cargo en el momento del robo y como el único empleado del que existen registros de haber operado los equipos involucrados.

El volumen sustraído —76.000 litros— no deja margen para minimizar el hecho. La empresa remarcó el impacto operativo que generó el faltante, descartando cualquier posibilidad de error administrativo o irregularidad menor. Se trató, según la propia compañía, de un episodio excepcional que derivó inevitablemente en el despido con causa.

Pese a la gravedad del caso, la polémica se agravó aún más cuando trascendió que el diputado pretende ahora una indemnización, una postura que generó indignación tanto dentro como fuera de La Libertad Avanza.

El episodio provocó un fuerte cimbronazo en las filas libertarias y volvió a poner bajo la lupa los antecedentes de quienes hoy ocupan cargos públicos. Por un lado, no solo por el robo detectado por la empresa, sino también por el hecho de que Arce es parte de un partido que viene impulsando una reforma laboral contra los trabajadores para combatir la presunta “industria del juicio”. En este sentido, la contradicción no solo es moral, sino también política.