El senador argumentó que el caso no es un ataque político, sino una cuestión de transparencia institucional. Insistió en que la sociedad tiene derecho a saber si hubo malversación o cobros indebidos en un área tan sensible como la discapacidad. “No se puede permitir que los escándalos de coimas queden sepultados por el silencio oficial”, sostuvo Leavy, subrayando su intención de mantener presión pública hasta que se esclarezca la situación.

El pedido de interpelación revela, además, cuál es la estrategia política de Leavy: confrontar directamente con la Casa Rosada y cuestionar el accionar de quienes están en los niveles más cercanos al presidente. Esa postura lo vuelve un actor incómodo para el oficialismo, dado que pone en el centro la responsabilidad política de funcionarios no tangenciales, sino cercanos al poder ejecutivo.

Aunque aún no está claro si Milei aceptará la interpelación o cómo responderá ante las acusaciones, ya comenzó el debate público sobre la gravedad de los audios y la necesidad de rendición de cuentas. Muchos actores políticos y ciudadanos están atentos al desenlace, ya que podría sentar un precedente importante sobre cómo se manejan los casos de corrupción o dudas administrativas en programas destinados a los sectores más vulnerables.

El episodio alimenta un clima de desconfianza hacia el manejo institucional y potencia la tensión política en un momento en que el gobierno busca consolidar su gestión. La expectativa es saber si este escándalo podrá resolverse con transparencia o si se convertirá en otro episodio de promesas incumplidas y discursos que no se traducen en respuestas concretas.