Entre los denunciantes se encuentra el actual diputado provincial Nicolás Arce, quien advirtió sobre “maniobras de defraudación contra la administración pública con fondos que provenían del Estado nacional”.

Posteriormente, una cuarta mujer se sumó al expediente.

De acuerdo con la investigación, Cordero y un grupo de colaboradores habrían armado denuncias apócrifas de violencia de género para incluir a supuestas víctimas en programas de asistencia económica.

A cambio, las beneficiarias debían entregar una parte del dinero que recibían.

En varios casos, se les prometía que seguirían cobrando si aceptaban participar en otros programas y callaban lo ocurrido.

El esquema terminó saliendo a la luz cuando tres mujeres, hartas de los aprietes y del desvío de fondos, decidieron denunciar el accionar del grupo.

Las declaraciones fueron clave para avanzar en una causa que hoy se encuentra en etapa de juicio oral.

Además de Cordero, fueron imputados su exsecretaria Sandra Domínguez, el hijo de esta, Lautaro Tomás Hurtado, y Celeste Abigail Robles, empleada municipal.

Todos formaban parte de la Dirección de la Mujer y la Diversidad.

La imputación principal es por el delito de concusión agravada, prevista en los artículos 266 y 268 del Código Penal.

Para Cordero, el fiscal pidió además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa equivalente a cuatro veces el monto del perjuicio ocasionado al erario estatal.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Orán, que ahora deberá resolver si hace lugar a la solicitud del Ministerio Público Fiscal.