En este contexto, un informe reciente del colectivo Ciudadana Comunicación, difundido en redes sociales, reveló que varios centros de salud en el norte de la capital salteña no cuentan con preservativos ni píldoras anticonceptivas. “La gente que acude para prevenir embarazos no encuentra opciones”, afirmaron desde el colectivo.

Asimismo, Fernández confirmó que esta problemática no es reciente. Hace más de dos años, diversas organizaciones advierten sobre la escasez de insumos clave. “No es coincidencia que Salta lidere las estadísticas de enfermedades de transmisión sexual, con más de 200 casos este año. La comunidad trans también lo ha denunciado reiteradamente”, agregó.

En conexión con lo anterior, el recorte de recursos se enmarca en un ajuste nacional que impacta también en el acceso al aborto legal. Según datos del Centro de Datos de Chequeado, en 2024 el Gobierno nacional distribuyó solo 2,25 millones de preservativos, frente a los 4,5 millones de 2023. Además, de los 65.740 implantes subdérmicos proyectados, esenciales para adolescentes y mujeres vulnerables, solo se entregaron 21.770.

Por su parte, Fernández destacó la responsabilidad provincial en esta crisis. “Aunque los insumos dependen de Nación, las provincias deben garantizar las leyes de salud sexual. Sin embargo, no solo no se adquieren anticonceptivos, sino que se rechazan procedimientos como ligaduras tubarias o vasectomías, argumentando que las personas son ‘muy jóvenes’”, explicó.

De igual forma, en hospitales como el Materno Infantil, las personas que buscan métodos anticonceptivos permanentes enfrentan negativas que violan su derecho a decidir. “Son excusas anticuadas que ignoran la voluntad individual. La decisión personal debería ser suficiente, pero hoy no se respeta en los centros públicos”, afirmó Fernández.

A esto se suma la carencia de medicamentos esenciales para interrupciones legales del embarazo. “La falta de estas drogas profundiza la crisis y evidencia el abandono de las políticas de salud sexual”, señaló la referente.

En este sentido, Fernández relacionó el problema con una postura ideológica que busca limitar la autonomía personal. “El ajuste no es solo económico, es político. Responde a una visión conservadora que nos quiere relegadas a roles tradicionales, criando hijos para un sistema que no protege nuestras vidas ni nuestra libertad”, denunció.

Este panorama se agrava con discursos como el del rector de la Universidad Católica de Salta, Rodolfo Schiavoni, quien hace semanas cuestionó a las mujeres por priorizar su desarrollo personal sobre la maternidad. Aunque se disculpó, sus palabras fueron vistas como parte de una corriente que atenta contra derechos adquiridos.

Mientras tanto, en los barrios de Salta, el acceso a la salud sexual se complica cada vez más, aumentando los riesgos para los sectores más vulnerables. Frente a esta realidad, organizaciones sociales y la Campaña por el Aborto exigen el cumplimiento de las leyes y buscan visibilizar una crisis que amenaza la vida y el futuro de muchas personas.