El fiscal federal Ricardo Toranzos, quien se encuentra investigando a los dirigentes, halló una cuenta bancaria a donde eran transferidos los aportes de distintos empleados que hoy también se encuentran bajo la lupa de la justicia. Fue en el mes de julio cuando se llevó a cabo el juicio contra tres ex gerentes del PAMI acusados de cobrar indebidamente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la ayuda económica social destinada a trabajadores informales y un grupo de monotributistas ante las restricciones por la pandemia, que los nombres de Molina y Vera (éste último también acusado del cobro del IFE) empezaron a rezonar cada vez con más fuerza.

Precisamente, fueron los ex funcionarios Viviana Fernández y Javier Eduardo Navarreta, ambos exgerentes del PAMI en las sucursales de Orán y Embarcación; y la absuelta ex titular del organismo en El Carril, Emilia Juárez, quienes habrían mencionado que el dirigente de La Cámpora los obligaba a entregar el 20 por ciento de sus sueldos, lo cual es investigado como recaudación ilegal. Algunos de los trabajadores, temiendo por posibles represalias de Marcos Vera, quien está además acusado de discriminación, maltrato y mal desempeño de sus funciones por la madre de un niño de 12 años que tiene Trastorno de Espectro Autista (TEA), quien se presentó con el entonces funcionario para solicitarle la adhesión al programa Incluir Salud (ex profe); y de fomentar la venta de turnos en la única dependencia de ANSES que funciona en Salta, creando una verdadera mafia. Incluso, Fernanda Raverta, titular nacional de ANSES, dispuso la intervención del organismo y el apartamiento de Vera de su cargo.

Y aunque todo parecía que iba tornando a la normalidad, en julio el nuevo Jefe Regional NOA de ANSES, Marcelo Santillán, confirmó que Vera sigue siendo empleado del organismo. “No está desvinculado todavía porque está en una instancia de trámite administrativo. Él es un personal de la ANSES que, seguramente, va a cumplir una función que sume al trabajo que se hace acá. Es personal de la ANSES, creo que es personal contratado dentro de nuestro organismo. Está asignado a mi regional, pero el jefe de la regional soy yo” aseguró en declaraciones a la prensa salteña.

Mientras tanto, de Molina se habla poco y nada a pesar que hace dos semanas la justicia federal dispuso un allanamiento en las oficinas centrales en Salta, frente a Plaza 9 de Julio, en donde se secuestró material de interés para la investigación. No obstante, quien quedó a cargo del PAMI, Diego Albornoz, también se vio envuelto en una polémica días atrás cuando, junto al concejal de La Cámpora, Fernando Ruarte, acumularon electrodomésticos que debían ser entregados a afiliados, y los otorgaron a modo de regalo en plena campaña política, aunque de nada sirvió porque no logró renovar su banca.

Ahora, habrá que esperar a la investigación que encara Toranzos quien ya solicitó el levantamiento del secreto bancario, y requirió a la entidad bancaria en cuestión (sería el Banco Macro), toda la documentación relacionada a la cuenta a la que habría ido a parar el dinero de los trabajadores a modo de “aporte” para la agrupación política. De comprobarse esto, y encontrar relación con Vera, el ex funcionario podría enfrentar una nueva causa. Expertos salteños aseguran que, incluso, el fiscal podría solicitar una orden de prisión preventiva para evitar el entorpecimiento de la causa y una posible fuga.