Política
Movimientos "turbios"

Solís, re caliente, ve venir el juicio por presuntas estafas millonarias en Rosario de la Frontera

El intendente pretendía quedarse con dinero destinado para la obra pública.

El intendente de la localidad salteña de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, se encuentra imputado desde el 21 de diciembre del año pasado por varios cargos, entre ellos, presuntos fraudes millonarios. Fue delatado por un arrepentido que contó cómo mediante movimientos financieros “turbios”, el intendente pretendía quedarse con dinero destinado para la obra pública.

Ante esto, la defensa del jefe comunal presentó a la justicia salteña un pedido de nulidad de la causa que involucra al dirigente del Frente de Todos, actual núcleo rival del gobierno provincial. Pero Solís recibió un duro revés que no esperaba ya que el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Sur con sede en Metán, resolvió no hacer lugar a la solicitud.

La causa fue requerida a juicio durante el mes de febrero por la fiscal Verónica Simesen de Bielke quien sostuvo en sus fundamentos que está acreditada “la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal del acusado”, por lo que terminó imputando a Solís el 21 de diciembre del año pasado por supuestos fraudes millonarios en el distrito que dirige.

Solís, se vio involucrado en esto luego de una publicación que terminó siendo una “noticia criminis” en el mes de febrero del año pasado, antes del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Allí surgió la posibilidad de que el intendente de Rosario de la Frontera se haya visto involucrado en posibles falsificaciones de facturas dentro de la gestión municipal. Por este motivo, se pidió un informe a la Auditoría General de la Provincia de Salta, desde donde informaron que había irregularidades que datan desde el 2017, cuando Solís cumplía su primer mandato.

En este sentido, las actuaciones empezaron luego de la publicación de una "noticia criminis" en febrero de 2020. De allí surgió la presunta falsificación de facturas en el municipio. Luego, realizaron un pedido de informe a la Auditoría General de la Provincia. Donde informaron que el área de control realizaba en ese momento una auditoría financiera y de legalidad en el Ejecutivo Municipal de Rosario de la Frontera. Esto era por el período 2017, del que posteriormente surgieron las irregularidades.

Tras el duro revés de la justicia que se dio a conocer hace algunos días, desde el entorno del intendente expresaron que la elevación a juicio de la causa, ocasionó una gran preocupación en el jefe comunal quien, sin la posibilidad de denunciar una persecución política por ser parte de un frente opositor al gobierno provincial, ve cómo avanza la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal.

Pero no está solo, hay varios alcaldes provinciales que ya le plantearon a Daniel Moreno, presidente del Foro de Intendentes, que interceda ante la justicia, pero éste estaría más preocupado en no asomar demasiado la cabeza, no vaya a ser cosa que caigan sobre él también.

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