En las últimas semanas, Vega tomó repercusión nacional tras una polémica decisión en medio del brote de coronavirus que ya registró 612 casos desde el inicio de la pandemia. Es que la mandataria local decidió abrir una “ampliación” del cementerio en el medio de un humilde barrio ubicado a 50 metros del hospital local.

La improvisada necrópolis se ubica en medio de las casas de Villa Evita y San José, una zona con habitantes de bajos recursos que ven con asombro cómo se esfumaron las posibilidades de que, en ese lugar, se realizara un playón deportivo como se lo había anunciado incluso con ordenanzas municipales.

Y aunque la justicia, de la mano de la fiscal Gabriela Portal, investiga la posible comisión de delitos contra el medio ambiente y la salud pública; llama la atención el silencio de los legisladores que representan tanto a la ciudad como al departamento por el cual fueron electos.

Entre ellos se encuentran los diputados Albeza y Caro, ambos del oficialismo provincial y municipal ya que acompañaron la candidatura del hijo de la intendenta. Ocultos en el mayor de los silencios, no bregan por la salud de quienes los eligieron y con quienes compartieron caminatas, tardes de mates y fotos durante la campaña del año pasado.

Tanto Albeza como Caro, podrían haber pedido respuestas a la intendenta de Cerrillos por la obra que pone en peligro a los vecinos y que, sin ir más lejos, con la última tormenta que se registró en la localidad se inundó y colapsó de agua en tan solo 10 minutos, estando de testigos vecinos, personas en vulnerabilidad y dos concejales.

Uno de los ediles fue Justino Ustarez, médico de gran reconocimiento y prestigio en toda la provincia salteña quien mostró su molestia ante el silencio de sus pares, y el acompañamiento indiscriminado e incuestionado al ejecutivo municipal.

"No querían que esté en el Concejo, decían que yo era una amenaza para contagiarlos de COVID porque soy médico y atiendo pacientes. Pero resulta que para esos mismos ediles el cementerio para muertos por COVID no es una amenaza para dos barrios completos", reflexionó Ustarez.

Pero el silencio no es solo municipal, sino que directamente departamental. Ya que a los siete ediles que se mantienen apoyando las decisiones de la jefa comunal, se suma el desinterés por parte de su hijo, el senador Sanz, y la indiferencia de dos diputados que, pudiendo acercarse, dialogar y velar por los vecinos de los barrios carenciados que se ven afectados por la obra, prefieren mantenerse al margen, cobrando el jugoso sueldo que la legislatura salteña les provee todos los días 1 de cada mes, mientras viven lejos de preocupaciones que sí tiene el común de sus conciudadanos.