El jueves 23 de agosto, alrededor de 211 vehículos cortaron las calles de la capital salteña por 12 horas con el fin de que intervengan ante su situación con su relación con las agencias de remises, al manifestar que las mismas le cobraban más de lo acordado.
Tuco Bazán, vocero de U. C. R. A. S (Unión de Conductores de Remises y Afines de Salta) manifestó que localizaron entre 8 a 14 personas y que imputaron a 8 trabajadores a los que les llegó notificación a su domicilio y recibieron un llamado desde la Comisaría 2ª ubicada en el Pasaje Gauna 899.
💻 #BuscandoSeñales @BuscandoSalta en @RadioSaltaAM840 con Tuco Bazán, representante de UCRAS, remiseros que cortaron el centro ayer “El remis debería hacer el servicio puerta a puerta, pero las agencias no hacen nada por publicitar, no se puede promocionar viajes”
— #BuscandoSeñales (@BuscandoSalta) 24 de agosto de 2018
A raíz de esto, la Fiscalía Nº 6 imputó a 8 remiseros que serían los cabecillas de la protesta de los trabajadores, bajo el Artículo 238 del Código Penal contravención atentado y resistencia contra la autoridad. Este apartado expresa en su Artículo I que la condena por esta contravención es de seis meses a dos años de prisión “si el hecho se cometiere a mano armada, si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas, si el culpable fuere funcionario público o si el delincuente pusiere manos en la autoridad.
Bazán reafirmó que este conflicto tiene vieja data desde Adriana Pérez, Gustavo López y Gustavo Serralta. Ellos denuncian evasión fiscal e impositiva por parte de las agencias de remises, puesto que firman contratos por un monto determinado con los trabajadores, y les terminan cobrando más en negro.
El vocero manifestó que en una remisera de Salta les cobran 300 pesos extra por día “por no tener corbata o tener el auto sucio” y que estos fondos son destinados a campañas políticas. Y finalizó asegurando que ningún funcionario se hace cargo de su situación.
