“El objeto de la ley es promocionar la unión de municipios, sea de forma ocasional o permanente, a fin de compartir políticas públicas. En nuestra provincia tenemos ejemplos como el consorcio conformado por San Carlos, Animaná y Cafayate para el tratamiento de residuos", indicó el secretario de Relaciones de Institucionales, Martín Ávila.

Se considera una red urbana a la unidad geográfica constituida por dos o más municipios de iguales o diferentes departamentos con vinculaciones poblacionales, económicas, sociales y culturales y cuyos gobiernos manifiesten la voluntad de organizarse a través de un órgano de coordinación para la planificación de políticas, la gestión de proyectos y la implementación de acciones previamente definidas y pactadas.

De acuerdo a la ley, todos los cargos serán ejercidos ad-honorem por dos años, pudiendo ser reelegidos en la función y el Gobierno provincial podrá formar parte de las redes urbanas. Los recursos provendrán de aportes que realicen los municipios miembros (serán proporcionales a la cantidad de habitantes de cada localidad y la coparticipación); también podrán recibirlos del gobierno nacional o provincial, de organismos internacionales o por la prestación de servicios a terceros.