El documento filtrado era mantenido con hermetismo por las autoridades de la Sindicatura y los funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia de Salta. Hasta este momento no se había filtrado ningún otro dato al respecto. Sin embargo, las declaraciones del ministro de Salud, Juan José Esteban, despertaron muchas sospechas respecto de lo que estaba en riesgo, el mismo deslizó que según los resultados obtenidos por la Sindicatura, López “podría terminar preso”.

El informe final del síndico, menciona en reiteradas ocasiones las irregularidades en las que incurrió Juan López frente al artículo 62 de la Constitución provincial sobre “incompatibilidad e inhabilidades” en relación a su accionar al mando del hospital de Tartagal, ya que se desempeñaba como gerente del mismo, al que debía prestar dedicación exclusiva al Estado Provincial que lo contrató.

Sin embargo, se observó un crecimiento sorpresivo en el volumen de liquidaciones que recibió por pagos del estado a la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR). No obstante, las liquidaciones superan ampliamente los montos de ingresos mensuales, evidenciando un ejercicio de su especialidad en otros ámbitos, incumpliendo su compromiso asumido con el estado Salteño. Los montos superan los dos millones y medio por mes en algunos casos, un número altamente excesivo.

En otro párrafo del informe de la Auditoría, se muestra un listado de al menos 72 cheques emitidos desde la cuenta corriente que posee el hospital Juan Domingo Perón en el Banco Macro, por un monto de 49.000 de pesos cada uno y que podrían haber sido pagados de forma poco clara por parte de Juan López, en contra posición con las normas vigentes de la ley de Procedimientos Administrativos. Dichos cheques sumarían cerca de 3.500.000 pesos. Los Síndicos no encontraron aun comprobantes de pagos que los justifiquen, y tampoco fueron declarados por López.

Son numerosas las acusaciones que pesan sobre Juan López, pero lo llamativo es que esto también alcanzaría al ex gerente del nosocomio, José Fernández, quien habría rechazado la posibilidad de realizar horas guardias en el hospital bajo el procedimiento que propone el Estado, para luego formar parte de una contratación tercerizada del servicio al mismo.

Con este accionar se encuentran ambos en clara violación al artículo 17 de la ley 7678. En cuanto a López, está aún más complicado frente a la ley, respecto de arrojarse facultades que no le corresponden. Retirar o utilizar, con fines particulares, los bienes del estado, o los documentos de las reparticiones públicas, como así también utilizar los servicios del personal bajo su orden en beneficio personal, dentro del horario de laboral de los mismos. A todo esto se suma la decisión de López de tomar representación para ejecutar contratos que exceden sus atribuciones o que comprometen al erario del Estado.