Agroindustria

En esta semana se hizo efectivo la segunda tanda de despidos en el Ministerio de Agroindustria, en la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Ana Herrera y Claudia Parpagnoli, dos trabajadoras recientemente despedidas, explicaron que con este vaciamiento quedan desprotegidas entre diez mil y doce mil familias de pequeños agricultores en la provincia, y que en todo el país ese número se extiende a 250 mil familias incluyendo pesqueros, artesanos, gente que tiene ganado y que cultiva la tierra. Contaron que para atender a esta cantidad de personas quedaron en el Ministerio alrededor de 1.400 empleados.

Herrera, que lleva 23 años trabajando en la Subsecretaría, explicó que “el vaciamiento empezó hace dos años con el nuevo gobierno, pero se recrudece a partir del despido en abril de 330 trabajadores de Agroindustria de la Nación; acá fueron 18 y ahora 11 más que estamos en una lista que trascendió el viernes”, dijo y agregó que esto “constituye prácticamente el vaciamiento de la institución que trabaja con pequeños productores”. En tanto, afirmó que en la Patagonia echaron al 80 por ciento de los empleados.

Parpagnoli trabaja hace 12 años en el cargo de Monotributo Social Agropecuario, el cual fue dado de baja el mes pasado. Explicó que esto “le permitía al productor hacer una comercialización más justa porque tenía factura, tener un aporte jubilatorio para cuando ya no pudiera trabajar la tierra, y una obra social”. Y agregó que a través de estas políticas se le está quitando un derecho fundamental al trabajador.

Al respecto, explicó que el gobierno tiene una mirada distinta de la Agricultura Familiar: “Como que no hace falta, no le interesa porque no produce, cuando en realidad el productor familiar es el que genera más del 50 por ciento de los alimentos que comemos todos los días. No habría verdura fresca en la mesa sin los pequeños productores familiares”.

Salud

Otra de las áreas que se vieron afectadas por las políticas de ajuste fueron las instituciones para personas con discapacidad. Algunas de ellas tuvieron que cerrar sus puertas por falta de pago en obras sociales.

Se estima que son alrededor de 20 establecimientos de Salta que trabajan con personas con discapacidad motoras, mentales, visuales, entre otras, y hoy afirman que se ven afectadas por el adeudamiento de prestaciones desde hace un año de la obra social "Incluir Salud".

Esta situación ha llevado a que muchas de ellas no tengan para solventar los gastos y estén cerrando sus puertas, como así también empresas de transporte. Una profesora del Centro de Rehabilitación integral oral para sordos e hipoacúsicos comentó que esta situación es la misma en todo el país y que no se abonó nada en el 2018.

Es por esto que el martes marcharon desde Belgrano y Balcarce hasta la Legislatura diversas instituciones de salud, profesores, padres y alumnos bajo el lema "Por Nuestros Derechos", puesto que manifiestan que tras esta terrible situación, los chicos que asisten "se están quedando a la deriva". "La marcha es por los derechos de las personas con discapacidad. Más allá que indirectamente no nos paguen, ellos son los más afectados”, agregó la profesora.

Se estima que en Salta serían cincuenta mil personas afectadas. El programa federal “Incluir Salud” es un sistema de aseguramiento público de salud que garantiza el acceso a los servicios de salud a personas con discapacidad, adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), pacientes oncológicos sin obra social, entre otros grupos, logrando generar condiciones de equidad para el ejercicio del derecho a la salud en todo el país.

En redes sociales los profesionales de salud publicaron las consecuencias de estos recortes: las personas con discapacidad no están recibiendo los diferentes tratamientos, transporte, asistencia médica; las organizaciones no cobran desde el año pasado y se les complica para dar prestaciones médicas; los centros de diálisis dejarán de atender a los pacientes sin recursos, tal lo anunciado por la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina, “a raíz de una deuda del Estado”, lo que afectará a 1.500 personas; se registran atrasos en la llegada tanto de fondos, como en la entrega de medicamentos de alto costo.

Asimismo, este viernes se vivió una situación crítica cuando una salteña no podía conseguir un marcapaso para su mamá de 81 años que necesitaba ser operada de urgencia, debido a que los proveedores no entregaban los insumos al Banco de Prótesis tras especular con el precio del dólar.

Finalmente, se consiguió el marcapaso y la obra social le financió el pago del 20 por ciento que no le cubría. Actualmente, Cristina, hija de la paciente, se encuentra haciendo una colecta para pagar esta deuda ya que no cuenta con el dinero para abonarla.

Medios de Comunicación

No se salva nadie. La crisis también llegó a los medios de Salta. La inflación y la mala situación económica del país repercutieron inevitablemente en este sector que se vio en la necesidad de recortar personal. En este caso, se trata del canal de abonados de Cable Express, que pidió el retiro voluntario de tres empleados, y el medio gráfico digital La Gaceta, que desvinculó a cinco personas.

Otro de los medios que se suman a estos recortes es Radio Nacional. Desde Nación habrían solicitado a algunos empleados los retiros voluntarios, pero hasta el momento no se llevaron a cabo y se desconoce el número de personas que se verían afectadas.

En Cable Express las personas que se fueron son Agustín Gómez Augier (periodista), Hugo Pérez (camarógrafo) y Daniel Díaz (periodista), quien logró negociar la conducción del noticiero de la noche, pero ya no sería de planta permanente y cobraría por factura.

Los fundamentos del Directorio del canal hacia los empleados es que “el noticiero le da pérdidas a la empresa, no es rentable ya que no tienen publicidad y lo sostienen porque la ley los obliga”.

En el caso de La Gaceta, los despedidos fueron Facundo Rodríguez, Nicolás Fernández, Celina Alberto, Agustina Williams y Mercedes Mosca. Si bien, según trascendió, también habría estado en juego el puesto laboral de Santiago Mendieta, al que le habrían ofrecido quedarse, igualmente decidió irse.

A los empleados de este medio, en una primera instancia les dijeron que se cerraba el mismo y que “no había marcha atrás”. Esto ocurrió el 8 de agosto y el 31 de ese mes fue último día de trabajo.

A raíz de esto, su Directorio presentó un proyecto para conservar al menos una parte del personal para evitar el cierre. De 13 personas, quedaron 6 y esta situación es hasta fin de año con evaluaciones permanentes.

A los trabajadores despedidos del diario les ofrecieron irse a Tucumán, pero ninguno aceptó y recibieron indemnización. “Es un despido maquillado, pero nos fuimos bien”, manifestó uno de los empleados.

Educación

La Universidad Nacional de Salta lleva 5 semanas sin clases y 11 días de toma del rectorado sin tener acceso al edificio. Está situación de paro es la misma en varias provincias de la Argentina. En el año 2015 también se llegó a 5 semanas de paro y los trabajadores consiguieron miles de blanqueos de sueldos, hoy la lucha es por las sumas de pago en negro.

Jorge Ramírez, secretario general de Adiunsa, explicó a Nova que la próxima semana la Conadu Histórica seguirá de paro, aunque la federación aceptó la propuesta. El Gobierno logró que 4 agrupaciones firmen el acuerdo.

El reclamo se debe a la disconformidad de los montos de paritarias puesto que a los docentes se les abonó un 5 por ciento hasta el mes de mayo, luego se les ofreció un 5,8 con el sueldo de agosto y un 4,2 para el mes de septiembre. Esto equivaldría a un 15 por ciento de propuesta salarial que sería abonado en partes. Los docentes sostienen que los índices inflacionarios superan “ampliamente el 30 por ciento”. Por lo tanto, esta propuesta es insuficiente.

Comedores escolares

Otro de los sectores que se vieron afectados son los comedores escolares que reciben un importe por niño para las jornadas extendidas donde se da desayuno y almuerzo 16, 80 pesos y para las jornadas albergues 20 pesos. En este sentido, una directora de Atocha comentó a NOVA que "muchas escuelas como la nuestra están sin gas porque el Ministerio no pagó a YPF el servicio. Por eso, hace casi un mes que estamos cocinando con leña".

Los docentes que forman parte del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa) manifestaron que estos montos por niño son insuficiente debido al proceso inflacionario y es necesario la actualización de los mismos.

Sergio Coronel, secretario gremial, contó que los comedores se encuentran en escuelas de la capital y el interior, y brindan asistencia tanto en jornadas completas como en jornadas albergues.

Afirmó que para hacer frente a esta situación, las instituciones “están dando lo que les alcanza” y remarcó que en los establecimientos más alejados “los docentes hacen frente a los gastos de su propio bolsillo”.