Los jueces Paola Marocco, María Livia Carabajal y Francisco Mascarello ordenaron revocar la condicionalidad de una condena anterior dictada a Agüero, y las unificaron en la pena única de prisión perpetua, mientras que Álvarez, que también tenía una condena anterior, recibió la misma pena única.

Monasterio, por su parte, fue declarado reincidente por tercera vez debido a los antecedentes condenatorios que registra en su prontuario, y los cuatro seguirán alojados en la unidad penitenciaria local.

Además, Griselda Marisel Urzagaste, alias “Marisol”, fue condenada a perpetua como coautora del delito de "homicidio calificado por ser perpetrado con ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas agravado por la participación de un menor de edad".

En el fallo se ordenó revocar el arresto domiciliario que se le había dispuesto, por lo que la condenada será trasladada a la Unidad Carcelaria 4, donde continuará detenida.

En tanto, una joven que al momento del hecho era menor fue declarada coautora penalmente responsable del "homicidio calificado por ser perpetrado con ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas", y la sentencia será remitida al Juzgado de Menores 3, que se encuentra a cargo de su tutela.

Además, los magistrados ordenaron el examen genético de ADN de los condenados Agüero, Silvestre, Monasterio, Álvarez y Urzagaste, para su incorporación al Registro Provincial de Condenados vinculados a delitos contra las persona y contra la integridad sexual.

Los jueces establecieron que los fundamentos de la sentencia serán leídos el quinto día hábil contado desde su difusión y le hicieron conocer a la madre de la víctima que tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión acerca de los planteos o beneficios carcelarios que efectuaran los condenados durante la ejecución de la pena.

El crimen

Los hechos ventilados en el debate comenzaron a ser investigados el 4 de marzo de 2017 cuando la madre de Guantay radicó la denuncia por la desaparición de su hija. Su cuerpo apareció tres días después en las márgenes del río Mojotoro, hacia el norte de la ciudad de Salta.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, la muerte se habría producido entre el 2 y el 3 de marzo, en el domicilio de Álvarez, ubicado en el barrio 17 de Octubre.

Para la Justicia, a la víctima se le atribuía haberse apoderado de droga, por lo que fue entregada para una represalia.

Guantay fue atada a una silla -donde se la interrogó por el destino de la droga sustraída-, lastimada con elementos cortantes y abusada sexualmente, y luego le amputaron las extremidades.

La fiscal Verónica Simesen de Bielke había solicitado la máxima pena para los cinco imputados, y que se declare penalmente responsable a la chica que era menor de edad al momento del hecho, tal cual falló el Tribunal.

Durante su exposición, la fiscal hizo especial mención a los informes psicológicos de los seis imputados por los actos de inusitada crueldad perpetrados contra Guantay y por su falta de arrepentimiento a lo largo de todo el proceso.

Antes de la sentencia, al momento de expresar las últimas palabras en el marco del juicio oral y público, que comenzó el 4 de febrero de este año, Agüero, Silvestre, Monasterio y Álvarez se declararon "inocentes" y pidieron que se haga "justicia".

“Espero que se sepa la verdad. Que se haga justicia”, expresó Monasterio, al igual que Agüero y Álvarez, mientras que Silvestre aseguró no tener “nada que ver” con el crimen.

A su turno, Urzagaste aseguró que es inocente, que se arrepiente de ser “una persona adicta” y del “daño” que les causó a sus cinco hijos.