Los millones que se patinaría el intendente de Orán
La última semana de agosto sacudió de forma súbita a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán en el norte de la provincia. La segunda localidad con mayor cantidad de habitantes se encuentra desolada y a la deriva luego de que el alcalde local, Pablo González, perdiera estrepitosamente las elecciones del pasado 14 de mayo, y decidiera cortar de forma abrupta los servicios a la comunidad. Un informe ingresado en el Concejo Deliberante local, destapó las serias irregularidades del médico que estaría acumulando dinero para su retiro forzado de la política.
Fue la concejala Alejandra Pato, la más votada en los últimos comicios y seguramente futura presidenta del cuerpo de ediles, quien denunció penalmente al doctor Pablo Damián González, intendente de aquella ciudad, por incumplimiento a los deberes de funcionario, ocultamiento y adulteración de datos públicos. Esto en razón de que el municipio respondió un pedido de informe del Concejo Deliberante en donde se solicitaba información detallada sobre todos los trabajadores que figuran en la planta política de la comuna.
La respuesta del ejecutivo, aunque tardó en llegar, finalmente ingresó al cuerpo deliberativo y grande fue la sorpresa cuando los números no empezaron a cerrar. Es que, según González, son 199 los empleados que figuran con cargos políticos, entre el municipio y el CD, lo que representa una erogación mensual superior a los 33 millones de pesos provenientes del bolsillo de cada uno de los oranenses, debido a los altísimos sueldos que los mismos percibirían, de acuerdo a lo informado.
Una de las mayores indignaciones la protagonizó el director de Tránsito municipal, Raúl Figueroa, quien en el informe consta que percibiría la exorbitante suma de 366.348 pesos mensuales, seis mil pesos más que el jefe comunal quien, en teoría, debería de tener el sueldo más alto de la administración pública comunal. Ante esto, la propia denunciante se entrevistó con el funcionario de Tránsito quien desmintió categóricamente a su jefe, el intendente, y exhibió un recibo de sueldo en donde consta que percibe 213 mil pesos, aproximadamente, de forma mensual. Haciendo cálculos, hay cerca de 90 mil pesos de diferencia entre una y otra remuneración. ¿Dónde fue a parar?
Además de esta situación irregular, se destaca la figura de 8 personas que figuran en calidad de "honorarios" sin que se establezca el monto de la remuneración recibida por cada uno, otros cuatro cargos de comisionados en parajes cercanos que perciben entre 141 mil y 155 mil pesos mensuales. Esto es no menos llamativo ya que se trata de personas que no tienen mandatos legalizados por el Concejo Deliberante, ni tampoco figuran en ordenanza alguna, violando nuevamente la carta orgánica municipal.
Entonces, si un funcionario afirma que no percibe cerca de 90 mil pesos, y otros tantos estarían en la misma situación, se sospecha de sobre cobros con devoluciones por parte de los mismos beneficiarios quienes, con tal de mantener algunos pesos en sus arcas, aceptarían reintegrar parte del monto percibido al entorno del jefe comunal. Algo similar a lo que ocurrió con Carla Cordero en Tartagal, quien exigía la devolución de un 10 por ciento del plan Acompañar a víctimas de violencia de género a quienes les ayudaba a gestionar la ayuda económica; caso que, por cierto, quedó en la nada misma.
