Judiciales y Policiales
Por incumplimiento, fraude y cohecho

Imputaron a Gustavo Solís, intendente de Rosario de la Frontera

El intendente de la ciudad de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís Mónico, asistió a la audiencia de imputación acompañado por su defensa.

El intendente de la ciudad de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís Mónico, asistió a la audiencia de imputación acompañado por su defensa. Allí, prestó declaraciones y anunció que se realizará una ampliación por escrito.

Este hecho surgió el 26 de febrero del 2020, donde la Unidad Fiscal de Investigación conformada por los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, imputó provisionalmente a Gustavo Solís Mónico, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (tres hechos), fraude a la administración pública y cohecho, todo en concurso real.

En relación al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, se tiene acreditado que el imputado, titular ejecutivo del municipio de Rosario de la Frontera, desplegó conductas contrarias a las leyes y ordenanzas, al llevar a cabo la contratación con Mirta Verónica Corimayo, en clara violación a las normativas que prohíben la contratación por parte del Estado de personas físicas o jurídicas afectadas por medidas judiciales cautelares que afecten su solvencia o capacidad de contratación.

Surgió que Corimayo presentaba sendas medidas cautelares sobre las cuales fue debidamente informado el acusado, según consta en expedientes judiciales. La conducta desplegada en relación a la contratación con Corimayo, encuadra dentro del incumplimiento a las normas de prevención de lavado de dinero emitidas por el Banco Central de la República Argentina, dictadas con el fin de determinar el circuito financiero del dinero público, no debiéndose emitir cheques por sumas inferiores cuando el monto de los anticipos así lo permiten, como ocurrió en este caso.

Como dato no menor, se tiene acreditado que el imputado aceptó facturas duplicadas, por lo que incumplió las disposiciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, relacionada con la emisión obligatoria de facturas electrónicas.

En el 2017, se dio por finalizado el trabajo de forma unilateral con Corimayo, sin arbitrar medida alguna tendiente al resarcimiento por la desvinculación unilateral, pese a que la contratista percibió fondos en concepto de anticipos, lo que causó un claro perjuicio al patrimonio municipal. Y, como era de esperar, Solís también está acusado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al efectuar 12 contrataciones directas de obra pública con una fundación, si que se verificarán los requisitos establecidos por la normativa de marras.

Cabe aclarar que el jefe comunal incurrió en un delito de cohecho donde, a través de un audio agregado en el legajo, prometió a la presidenta de la fundación una suma de dinero a cobrar por cada metro cuadrado que se ejecutará, a razón de un precio de 163 pesos por metro cuadrado, de los cuales, si el contratista facturaba todo, debía entregar la suma de 93 pesos por metro cuadrado a Solís y solo le quedarían 20 pesos como condición para suscribir las contrataciones, lo que permite verificar el dolo del imputado.

Por último, Solís Mónico también incurrió nuevamente en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, al efectuar contratos de obra pública con otra persona que no estaba inscripta en el Registro de Contratistas de la Provincia, por la suma de 10.819.777,50 pesos.

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