Mendoza manifestó que el “hombre de ley” lo interceptó para que éste le revele información sobre todos sus movimientos, decisiones como presidente de la UACOP y sus traslados; perdiendo así derechos y garantías fijados en la Constitución Nacional, Provincial, tratados internacionales y disposiciones de Derechos Humanos que le caben como a cualquiera otra persona que habita en suelo argentino.

Según parece continúa latente el malestar en el gabinete de Gustavo Sáenz tras la marcha que dejó expuesta la falta de obras y asistencia a las comunidades originarias durante su primer año de gestión. Cabe mencionar que la UACOP, se movilizó a pie hasta Salta capital; o al menos ese fue el plan inicial. El mandatario salteño, luego de varios días de esperar frustradamente que los originarios no cumplan con su advertencia, salió a su cruce en Pichanal pero no logró convencerlos de desistir con la medida de fuerza.

El policía, en su amedrentamiento a Abel Mendoza, aseguró que él solo cumple con “órdenes de arriba”. Esto, sin duda debería de ser responsabilidad directa de los funcionarios que están inmediatamente a cargo de este señor. Sin dudas, tras revelarse este lamentable apriete al dirigente wichí, el nuevo jefe de Policía, José Ibarra; Juan Manuel Pulleiro, ministro de Seguridad, o el secretario del área, Benjamín Cruz, deberán tomar cartas en el asunto para garantizar el cumplimiento de los derechos que le caben a éste y todos los dirigentes indígenas.

Para finalizar simplemente hace falta aclararle a este y todos los policías que tengan órdenes de hacer lo mismo, que en el territorio argentino está permitida la libre participación política en procura de defender sus intereses conculcados como son la soberanía alimentaria, el acceso al agua potable, a la asistencia médica, la vivienda digna, la educación multicultural, la libre expresión, el trabajo justamente remunerado y la protección del Estado ante la inseguridad.