Los alcaldes salteños ven con preocupación los embates del Ministerio Público Fiscal sobre causas contra jefes comunales actuales y muchos otros con mandatos cumplidos. Hay reproches al presidente del Foro por considerar que no los están “cuidando”, y ya se habla de una alianza alternativa para quitar a Daniel Moreno del trono.
El enojo sería tal que un grupo proveniente del sur de la provincia, ya se están agrupando para tratar de ser una lista “opositora” dentro del organismo que hoy banca a su presidente, tan solo por el acercamiento que tiene con el gobernador Gustavo Sáenz.
Para los jefes comunales, aunque algunos son nuevitos, Moreno no tiene el carácter que solía tener su antecesor, Mario Cuenca, quien tras salir de Campo Santo terminó siendo funcionario de esta gestión. Consideran que el intendente de Vaqueros “no se pone las pilas” para defenderlos frente a los “embates” que vienen sufriendo distintos intendentes y ex intendentes por parte del Ministerio Público Fiscal y, sobre todo, la insistencia de la fiscal Verónica Simesen, una de las pocas que demuestra día a día sus ganas de ver a los intendentes corruptos tras las rejas, aunque duda que eso vaya a ocurrir.
Y es que en Salta ya son más de una docena los intendentes investigados por administración fraudulenta. Uno de los casos más resonantes fue el de Manuel Cornejo, ex jefe comunal de Campo Quijano quien está acusado de afanarse 84 millones de pesos y, a pesar que la fiscalía solicitó que sea detenido por existir peligro de fuga, una jueza amiga ordenó que siga en su casa. Otro que tomó relevancia fue el caso de Gustavo Solís, actual intendente de Rosario de la Frontera acusado tras diversas auditorías y la declaración de un arrepentido.
Esto también mantiene preocupado a un diputado actual. Ignacio Jarsún, actualmente autoridad de la Cámara de Diputados, fue hasta el 2019 intendente de Rosario de Lerma. Una concejal de esa ciudad, Griselda Galleguillos, solicitó informes por la falta de claridad en los números del municipio. Además, empleados de aquella localidad afirmaron que hubo una auditoría recientemente que habría reflejado faltantes hasta de seis cifras. La obra en cuestión habría sido en el barrio San Jorge donde estuvieron disponibles cerca de 100 millones de pesos y que ya se analiza realizar presentaciones a nivel nacional.
En medio del miedo y la corrupción, están las elecciones. Este 4 de julio solo se elegirá a un nuevo intendente pero eso no es lo que preocupa, sino saber quiénes serán los alfiles que vayan hasta las cámaras de diputados y senadores para apoyarlos; y a los concejales que los acompañarán en su gestión en el último período del mandato.
Obviamente, el avance de la fiscalía, es perjudicial para la imagen de los jefes comunales que temen el avance de algún sector opositor que, aprovechando la vulnerabilidad, utilice esos recursos a su favor para lograr hacerse con las bancas en diputados, senadores y concejos deliberantes y así hacerlos tambalear en el último tramo de sus gestiones.
