Política
Corrupción

El karma de los intendentes que tienen problemas con la justicia

Enrique Prado, ex intendente de Aguaray.
Manuel Cornejo, el ex jefe comunal de Campo Quijano.

Son muchos, pero los casos en Salta que más resuenan, a excepción de uno, siguen quedando en la nada. La justicia intentó actuar, los jueces minimizaron el escándalo. Hoy hay jefes comunales que deberían estar tras las rejas y, por las demoras, preocupa que puedan llegar a presentarse en las elecciones de este año a algún cargo legislativo que les de tranquilidad a través de los fueros.

El primero de los intendentes corruptos tuvo mucho tiempo para tratar de revertir las cosas, pero pensó que tenía a Dios agarrado de la mano y siguió jugando al “yo no fui”. Enrique Prado, ex intendente de Aguaray, saltó a la fama en las primeras semanas del 2020 cuando se dio a conocer la venta de caños pertenecientes a la obra del Gasoducto NEA, a una empresa de capitales privados. El funcionario que le “dio la cana”, Adrián Zigarán, hoy se quedó con el puesto que había ganado en las elecciones Prado ya que el municipio, por decisión de las Cámaras de Diputados y Senadores de Salta resolvieron intervenir la ciudad norteña tras el escándalo.

Pero prado fue el único de una larga lista que pasó un tiempo tras las rejas. Apenas pasada la primera quincena de noviembre, casi a 10 meses del inicio del escándalo, a Kike lo sacó Gendarmería desde un departamento del macrocentro salteño. Desde allí estuvo casi 30 días detenido y fue liberado por los tiempos de la Justicia nacional. La salteña, bien gracias. De allí, ningún otro ex intendente estuvo algún tiempo en prisión.

Lo más cercano a una detención fue una imputación, pero era lo mínimo que se debía hacer con alguien como él. Manuel Cornejo, el ex jefe comunal de Campo Quijano, está señalado por la “desaparición” de más de 80 millones de pesos. A pesar de la investigación llevada a cabo por la fiscal estrella que tiene Salta, Verónica Simesen de Bielke, la causa sigue estancada y con Cornejo viviendo la vida a pleno. Es más, la fiscal fue quien solicitó la detención del quijanense por existir peligro de fuga de la provincia, pero la jueza Sandra Espeche no hizo lugar al pedido y solo le pidió de onda a Cornejo que no se fugara.

Como este último caso hay otros intendentes que están señalados por los faltantes en las arcas municipales. Manuel Saravia acusó a su antecesor en San Lorenzo, Eduardo “Kila” Gonza, de haberse llevado varios millones y dejar sin rendir una suma cercana a los 12 millones al entonces Ministerio de Asuntos Indígenas que coordinaba Edith Cruz. Una concejal de Rosario de Lerma, Griselda Galleguillos, acusó al ex intendente y hoy vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de Salta, Ignacio “Nacho” Jarsún, de no rendir 174 millones del presupuesto 2019 y la complicidad del actual intendente de aquella localidad, Sergio Martínez; ni el “Topo” Ramos, hoy senador provincial, se salvó de las acusaciones.

Otro de los casos particulares en los que se denunció corrupción fue en el sur provincial. La ciudad termal de Rosario de la Frontera, con Gustavo Solís a la cabeza, vivió en los últimos días del penoso 2020 un escándalo que salpicó al jefe comunal, integrante del Frente de Todos, acusado de haber entregado planes sociales “truchos” a los ciudadanos; y por una auditoría que puso bajo la lupa a la obra pública.

A éste último, un ex funcionario de su gestión, Matías Iturre, lo mandó al frente (literalmente) tras su paso como secretario privado desde el 2015 al 2018. El sujeto mencionó que en 2017 empezó a detectar irregularidades. “Había gente que figuraba con planes sociales pero que no los cobraba” afirmó en un video. De hecho, Iturre fue efectivamente imputado por el delito defraudación, pero la causa no avanzó. “Fui el único imputado, o sea que fui intendente, secretario de hacienda, tesorero y de planes. Me tocó ser todo yo”, concluyó.

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