El intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, apoyó al Frente de todos y Auditoría sacó los trapitos al sol
El intendente de la localidad salteña de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, fue señalado por irregularidades detectadas en 2018 sobre cuentas de un año anterior. La denuncia la hizo el Auditor General de la provincia, Mariano San Millán, ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal.
Tras la noticia publicada sobre la imputación al diputado saencista Gustavo Orozco, vecinos de Rosario de la Frontera se comunicaron con NOVA para remarcar la situación que se vive en el sur de la Provincia de Salta con el intendente. El jefe comunal, afín al Frente de Todos y cuyo apoyo en las elecciones del año pasado fue para Sergio “Oso” Leavy (contrincante de Gustavo Sáenz), compartió una reunión con referentes de la alianza kirchnerista en Salta y, al parecer, desde el Gobierno provincial le empezaron a pasar factura.
Y justamente, hablando de facturas, desde la Auditoría General de Salta, a cargo de Mariano San Millán, se denunció penalmente ante la unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal, a la gestión de Solís por encontrarse irregularidades en una auditoría correspondiente al año 2017.
San Millán, fue criticado esta semana por el senador de Rosario de la Frontera ante la demora en el tratamiento de dicha auditoría. “Llama poderosamente la atención que después de dos años y medio después de realizada la auditoría, considere que hay elementos para llevarla a la Procuración” afirmó el legislador. Cabe remarcar que, tras 25 años siendo diputado del departamento Guachipas, en 2016 juró como auditor.
El funcionario denunció un contrato realizado en diciembre del 2016 con Mirta Corimayo, de la empresa “Áridos Nico” de La Merced por la provisión de hormigón h21 para la realización de pavimento. Acá, remarca San Millán, la empresa ya tenía un embargo por un juicio con Hierronort, por lo que no podría haber realizado el contrato. A su vez, agregó que no se realizó llamado a licitación y que se abonó la suma de 940.000 pesos como “adelanto” y, el mismo día, se libraron 201.000 pesos como primer certificado.
Otra de las irregularidades de la gestión Solís radica en que la factura por 201.000 pesos y otra por 171.900 pesos, presentaban la misma numeración, por lo que crece la sospecha de recibos duplicados. Además, San Millán señaló que se buscó evitar bancarizar el dinero con emisión irregular de cheques.
A esto se suman una decena de contratos con la Fundación Sagrado Corazón por casi 4 millones de pesos y a quienes la Auditoría considera una “empresa fantasma”. Casualmente, el titular de la ONG, Walter Succi, solicitó ser incluido bajo la figura de “arrepentido” y denunció penalmente a Orozco. Según expresó, el jefe comunal le ofreció obras a cargo de la fundación y, aunque no mencionó la palabra “coima”, sí mencionó irregularidades.
“Se firmaría un convenio por un monto determinado, de aproximadamente 163 pesos por metro cuadrado de pavimento articulado, de esos 163 pesos solamente a la Fundación le llegarían 20 pesos”, habría declarado Succi a la vez que admitió que aceptó los términos impuestos por Solís porque necesitaba el dinero.
En medio del escándalo, el imputado diputado Gustavo Orozco, solicitó mediante un proyecto en la legislatura la intervención del municipio Rosario de la Frontera como lo hicieron semanas atrás en Aguaray.
Solís, lejos de quedarse callado, atribuyó esta maniobra a un adoctrinamiento por parte del gobierno provincial por su afinidad el Frente de Todos; y si a esto le sumamos el apoyo de un funcionario como Mario Cuenca, la novela polémica que abunda en el sur salteño parece que va a tener varios capítulos más y hasta una segunda temporada tras la feria judicial y las vacaciones de verano; porque en esa fecha casi nadie se pelea, ni trabaja.
