Allí comenzó el calvario de los vecinos que habían sido beneficiados con las adjudicaciones. Ellos denunciaron que, en el año 2016, pasadas las elecciones y ya asumida la nueva gestión, fue el propio intendente quien les comunicó de forma verbal que no tendrían que tomar posesión de los dominios, y expresó que los certificados entregados por su antecesora carecían de valor legal. Entre las excusas que el jefe comunal esgrimió a los vecinos, se mencionó un error en los planos y que, por ende, no se les podían otorgar los terrenos.

Molestos y tal vez decepcionados con esta situación, decidieron ir hasta la capital salteña, a las oficinas centrales del Instituto Provincial de Vivienda, para pedir informes sobre los terrenos en cuestión. Pero grande fue la sorpresa de los vecinos cuando en el organismo les dijeron que los papeles, gestionados por Salva, estaban en orden. “Era cuestión del intendente, él quiere entregar los terrenos y casas a sus amigos y allegados”, expresaron a un medio local.

Es que tras influenciar de forma tendenciosa a los vecinos para que no puedan edificar sus viviendas, aduciendo que iban a perder todo por la supuesta falta de transparencia de su antecesora al cargo, Arapa aprovechó su investidura para gestionar viviendas construidas por el IPV en estos terrenos, las cuales fueron edificadas, según expresaron.

Al parecer, el “compañero” que debe velar por los derechos de las personas, la igualdad y la justicia social según los valores en los cuales inició la organización en el país, y cuyo referente local es nada menos que el incansable perdedor de elecciones Carlos Morello, habría sobreadjudicado los lotes a otras personas quienes podrían quedarse con las viviendas construidas en tierras que les pertenecen a los vecinos quienes, además de haber sido vilmente engañados y embaucados por el intendente, siguen teniendo en su poder los certificados de constatación y posesión entregados por la ex jefa comunal payogasteña.