Los puntos que sostienen en la denuncia son malversación de fondos en las tareas propias de la Junta, designaciones fraudulentas, emisión de títulos falsos, alteración en el cuadro de puntaje, irregularidad en las designaciones, traslados y concursos arbitrarios, persecuciones y “hostigamientos laborales a quienes osan denunciar estos atropellos”.

En este comunicado manifiestan que a través del decreto 1471 firmado el pasado 19 de diciembre, el Gobierno provincial oficializó la prórroga del mandato de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina de los docentes salteños hasta noviembre de 2019. Asimismo, aseguran que la Junta se encuentra en situación irregular desde octubre de 2018 y peor aún, que manifiestan que el Ministerio decidió no convocar a elecciones por “falta de presupuesto”.

“Esta prórroga muestra la complicidad entre ADP, la Junta y el Ministerio y el resguardo de su impunidad, deja en claro que Urtubey y la ministra de educación Berruezo, están montando un operativo de salvataje de la burocracia de la ADP para seguir doblegando a la docencia salteña e imponiéndole degradación de sus condiciones laborales, salarios a la baja e inestabilidad laboral. Al gobierno no le importan ni las corruptelas ni las designaciones turbias o amañadas porque son el mecanismo de poder clientelar y extorsivo sobre el cual Argañaraz garantiza quebrar la capacidad de organización independiente y lucha de la docencia”, fundamentan textualmente en este comunicado.