La imputación fue presentada el viernes último por el fiscal federal Eduardo Villalba ante el juez de Garantías del mismo fuero, Jorge Montoya, a través de una videoconferencia, de la que también participaron los defensores y los propios acusados.

Según las fuentes, Villalba indicó que las actuaciones de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar NOA) se iniciaron a partir de la denuncia de un comerciante de la ciudad de Orán, ubicada 270 kilómetros al norte de la capital salteña.

El denunciante indicó que los ahora acusados llevaron a cabo un falso procedimiento policial mediante el cual apoderaron de 50.000 pesos y 53 kilos de hojas de coca, que actualmente cotiza alrededor de 20.000 pesos el kilogramo en Salta Capital y que se utiliza para la costumbre del coqueo.

El comerciante que presentó la denuncia, propietario de un local de comida y conocido vendedor de hojas de coca, detalló que a principios de este mes él subió a las redes sociales una oferta y, tras una negociación, acordó la venta mediante una transacción a llevarse a cabo en avenida Fassio, cerca de un corralón de Orán.

Hasta allí llegó el comerciante, que tenía 50.000 pesos en su poder, mientras que uno de los imputados, que se movilizaba en su camioneta, se presentó con una mochila y dijo que llevaba el dinero para concretar la operación.

De pronto, apareció un vehículo no identificado de la PFA, del cual descendieron efectivos que solicitaron la documentación del vehículo y terminaron llevándose el dinero del denunciante, los 53 kilos de hojas de coca y la mochila del supuesto comprador, que se había presentado con el apellido Rueda.

El comerciante denunció que los efectivos se llevaron el dinero y las hojas de coca a cambio de no secuestrar los vehículos de ambos pero, en realidad, todo fue un montaje de los acusados para apoderarse de la mercancía y el dinero.

Los acusados fueron identificados como los policías Helvio Rodrigo Reyes, más conocido como "Willy Rueda"; Gonzalo Damián Díaz, alias "Wichi"; Robinson Sebastián Orellana; y Nicolás Rivero.

A partir de la denuncia del comerciante, el 16 de abril pasado se realizaron varios procedimientos, entre ellos los allanamientos en la sede la Subdelegación Orán de la PFA y en la vivienda de los acusados, y se detuvo a los cuatro acusados.

Según Villalba, los imputados "conformaron una organización dirigida a poner los recursos del estado en provecho propio", al tiempo que indicó que son "efectivos cuya foja de servicio evidencia inactividad en materia investigativa, aunque sí una rapidez para delinquir aprovechándose de la función pública en ellos confiada por los vecinos de Orán".

El fiscal también detalló que los acusados manipulaban oficios judiciales, con los cuales "se abrían paso en provincias vecinas" y que, por ejemplo, "se pudo establecer que intentaron ingresar a Formosa con un oficio judicial del juez Montoya, pero el mismo ya había perdido vigencia".

Por su parte, el magistrado hizo lugar a la formalización de la investigación por cuatro meses y ordenó la prisión preventiva de Díaz y Reyes por 30 días, mientras que los otros dos fueron excarcelados, aunque con medidas de coerción.