¡Ay Socorro! Nueva marcha atrás del Gobierno ante una violación de Diputados
Cobran casi un millón y medio de pesos, y aun así siguen sin hacer bien los deberes. A pesar de que el pueblo los elige para que sean sus representantes en las Cámaras, ellos juegan su propio partido y son serviles a intereses particulares. Lo ocurrido la semana pasada en la Cámara de Diputados de Salta ya dio la vuelta al mundo por querer censurar las desacreditaciones a los funcionarios públicos, en pocas palabras cercenar la libertad de expresión, y hasta organismos internacionales se expidieron al respecto del bozal o mordaza que intentó llevar adelante la hija de un intendente destituido por corrupción.
Hace más de 10 días que en Salta convivimos con legisladores que buscan violar distintos tratados internacionales y a la propia Constitución mediante un proyecto caprichoso y capcioso que, escudándose en proteger a víctimas de delitos sexuales como la pornovenganza o la difusión de material de carácter "íntimo"; solamente busca crear una especie de blindaje a funcionarios para que nadie pueda exponerlos de forma pública sin ser acusados ante la Justicia.
La idea fue de la diputada ultraoficialista María del Socorro Villamayor, célebremente recordada por ser una de las impulsoras de la ley antiprotestas vetada por el gobernador, y por ser hija del primer y único intendente destituido de la Ciudad de Salta, Juan Carlos "Villita" Villamayor, quien fue captado en una filmación. Como dijimos anteriormente, de existir esta ley, eso no habría podido suceder ya que la filmación donde Villamayor solicitaba coimas a un empresario de la recolección de residuos, sería contemplada como material "íntimo" y no se podría "desprestigiar" al entonces funcionario.
Aunque los diputados no dudaron en aceptar lo impuesto por Socorro, siendo solamente una legisladora la que se opuso; desde el mismo Gobierno le respondieron a la diputada y adelantaron que, de llegarse a aprobar dicha ley en el Senado, sería vetada. Esto no fue un rumor, sino que el propio "vocero" de la gobernación, el ministro Ricardo Villada, lo afirmó en entrevistas radiales. Llamativamente, es el propio Villada quien, desde que está en provincia, acusa a diversos sectores a los que no nombra directamente, de generar contenido falso para alertar o enfurecer a la población con las famosas "fake news" (noticias falsas). Clara muestra de esto fueron los meses críticos de la pandemia en donde el funcionario mencionaba estas palabras de forma frecuente.
La orden de vetar la ley si se aprueba en Senadores sería del mismísimo gobernador, quien, según Villada, busca garantizar la libertad de expresión en toda la provincia. Esto, lejos de calmar la situación, generó aún más confusión en el arco político. Ahora son los senadores quienes buscan salir al aire de diversos medios exponiendo su postura a favor o en contra del proyecto. Algunos trasnochados intentaron pasarlo por alto y realizar su tratamiento en la última sesión del pasado jueves, pero los pedidos fueron denegados hasta tener mayor claridad. Nadie quiere escándalos, sobre todo a días de una elección nacional donde se comenzará a definir el futuro del país por los próximos cuatro años.
Al repudio generalizado, ahora se sumó también un comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa, una organización sin fines de lucro destinada a defender la libertad de expresión con sede en Miami, Florida, Estados Unidos. Desde allí, en su página oficial, expresaron su preocupación: "Lamento que, en un país con tanta historia y jurisprudencia sobre libertad de expresión, en el que la Constitución nacional salvaguarda la libertad de prensa, regresen fantasmas del pasado para tratar de maniatar a los medios de comunicación y amordazar la libertad de expresión de los ciudadanos", Michael Greenspon, presidente de la SIP.
