A lo que el funcionario le responde: “O sea, vos mensual 10 mil dólares, osea son de 100 a 400, me parece poco serio lo que me estás diciendo, porque es un aumento de más del 300 por ciento (sic)”. En ese momento, interviene Caro, quien asegura que al no recibir ese monto “no hay ingresos, hermano”.

Quien envió esta información a NOVA aseguró que Elías y Caro son “periodistas mercenarios” y que hablar bien del intendente costaba nada más y nada menos que 10 mil dólares mensuales, pero claramente el pedido fue denegado y las represalias no tardaron en llegar con publicaciones llenas de odio y mentiras.

“Ni hablar de la suma que pretendían cobrar los dueños de dichas páginas para no hablar mal del jefe comunal, claramente esta es una cuestión de dólares y no de periodismo, es de una bajeza sin límites recurrir a métodos extorsivos para obtener beneficios personales”, señaló un allegado a Sáenz.

Cabe recordar que la jueza de Garantías María EdithRodríguez expresó en sus resoluciones que “como derecho constitucional, la libertad de expresión está garantizada para todos los ciudadanos de nuestra Nación, pero dicha garantía encuentra su límite debiendo ceder cuando se traspasa la finalidad para la cual fue creada, afectando de manera directa otros derechos que en la ponderación de valores deben encabezar la prioridad de protección”.

Y agregó que “cuando ya se ha dejado de hacer un uso racional, limitado y respetuoso de un derecho, lesionando de manera directa los derechos personalísimos de los seres humanos, como el derecho a la honra, la dignidad personal y a la libertad de trabajo garantizada en la tranquilidad sin constantes hostigamientos, principios estos que están por encima de cualquier otro por la sola condición de ser humano, debe procederse al limitar ese uso de una prensa mal usada y tergiversada.”.

Asimismo, indicó que en este caso “el derecho a la libertad de expresión en nada queda inmovilizado o imposible de seguir siendo ejercido por el demandado”, ya que los actores “simplemente requieren el cese del agravio y ofensas que dañan el normal desarrollo de la función con la clara afectación al derecho al trabajo”.

Es decir, la jueza ordenó el cese de las publicaciones que agravien a los funcionarios, “en su carácter personal y que excedan la finalidad de críticas a la gestión pública”, en los términos de los artículos 87 de la Constitución Provincial y 43, de la Constitución Nacional.